Juristas respaldan cambios en situación de las cárceles y agilizar la acción judicial

Tres juristas coincidieron ayer por separado en la necesidad de trabajar de inmediato para mejorar las condiciones de las personas en las cárceles, cambiar la predilección por la prisión preventiva y la lentitud de los juicios.

Así se expresaron ayer el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; el exfiscal del Distrito Nacional y exjuez de la Suprema Corte, Alejandro Moscoso Segarra y el abogado penalista Valentín Medrano, quienes lamentaron la situación dramática que padecen los reclusos.

Domínguez Brito consideró que es momento para una nueva ola de reformas de todo el sistema procesal penal y penitenciario, para mejorar las condiciones de los privados de libertad y el servicio judicial.

“Hace falta una nueva ola de reformas. Menos burocracia. Más oralidad e inmediatez de las decisiones”, señaló el extitular de la Procuraduría.

Propuso que haya posibilidad de que, en determinados casos, ir a juicio a cuenta y riesgo del Ministerio público, sin pasar por los jueces de la instrucción, bajo determinadas condiciones.

Planteó que se inicie en algunos casos las modalidades de prisión domiciliaria y el uso de tecnologías.

“De todas maneras la idea no es que los que violaron la ley estén en las calles. Debe asumirse responsabilidades.”, precisó Domínguez Brito, quien estimó que el modelo procesal penal sigue bajo la cultura del viejo código.

Planteó, además, que es fundamental continuar y fortalecer el nuevo modelo penitenciario.

Sugiere valorizar aún más al agente penitenciario como protagonista de la reforma y ampliar los centros de reclusión hacia el nuevo modelo.

Moscoso Segarra

El jurista Moscoso Segarra consideró lastimosa la situación del sistema penitenciario dominicano, revelada a través de un informe de la Defensa Pública.

Observa que el tema de la alta prisión preventiva y de recluidos con enfermedades graves es recurrente en el sistema de justicia, lo cual atribuye a dos factores: “A la relajada prisión preventiva, que en muchos casos se otorga buscando el aplauso de las gradas”, y a los encargados de la aplicación del Código Procesal Penal, que no han jugado el rol adecuado.

“El Código Procesal Penal se vio como la panacea para resolver esta situación. Nosotros que formamos parte de esta discusión, podemos afirmar que en este sentido no ha dado el resultado esperado”, dijo el también exjuez de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia.

Expuso que las considerables cifras de población carcelaria, con prisión preventiva frente a los condenados, son uno de los indicadores más palpables de la patología del sistema de justicia penal.

Presunción de inocencia

Sostuvo que no se está aplicando las disposiciones de la Constitución ni del CódigoProcesal Penal, sobre el principio de presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva.

Recordó que la norma procesal establece que no procede la prisión preventiva contra una persona mayor de 70 años, si se estima que, en caso de condena, no le es imponible una pena mayor de 5 años de privación de libertad; en perjuicio de mujeres embarazadas o madres durante la lactancia, y persona padeciendo de enfermedad grave y terminal.

“Es indudable que, en el funcionamiento de la justicia penal de nuestro país, la utilización extendida de la prisión preventiva es un rasgo característico de suma importancia”, acotó el jurista.

Código Penal

Moscoso Segarra llamó la atención sobre la discusión del proyecto de reforma del Código Penal que se discute en el Congreso, que definió como populista.

“He notado que se ha planteado que el aumento de los niveles de prisión redundarán en la disminución de la criminalidad. Por el contrario, esa posición agravará la situación de la prisión (preventiva) que se denuncia en este medio de comunicación”, alertó el exfiscal.

Moscoso apoya línea apoya editoriales del Listín

Moscoso Segarra planteó se debe realizar una crítica reflexiva para poder mejorar, que involucre a todos los actores del sistema y a las instituciones preocupadas por el tema.

Apoyó la línea editorial de Listín Diario y en ese sentido respaldó que se realice un levantamiento de los internos que se encuentren en situaciones de salud grave, y que, de acuerdo con la normativa de la ejecución de la pena, actuar en consecuencia.

Propuso un encuentro entre el Poder Judicial, jueces de ejecución de la pena y de la instrucción con el Ministerio Público y la Defensa Pública, “sin el temor o celos de que no se respeten los roles de cada uno”.

Consideró que la política criminal del Estado no debe verse como un compartimiento estanco, porque es un problema que impacta a todos.

“Se hace necesario que se ponga sobre la mesa de discusión esta lastimosa realidad con franqueza. Nosotros desde la academia estamos dispuestos a aportar en el marco de nuestras realidades y posibilidades”, señaló Moscoso Segarra, quien además es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Apec.

Alto al tránquelo

El abogado experto en materia penal Valentín Medrano considera que el problema en las cárceles se debe al hacinamiento y taponamiento que produce la excesiva prisión preventiva que impone el sistema de justicia.

El jurista sostiene que la prisión preventiva es solicitada siempre en automático por el ministerio público y estimó que los jueces la ordenan porque son temerosos.

“Hay que desmontar la cultura del tránquenlo”, señaló Medrano.

Entiende que con ese cambio se tendrá menos hacinamiento carcelario.