Presos preventivos podrán votar en 2024

La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República suscribieron ayer un acuerdo de cooperación, el cual contempla la adopción de medidas encaminadas a asegurar el derecho al voto a los privados de libertad que no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.

Mediante este convenio, el Ministerio Público, que dirige la Procuraduría, y la JCE se comprometen mutuamente a aportar sus mejores esfuerzos con el propósito de garantizar el voto de los internos en centros penitenciarios en condición preventiva a partir de las elecciones del 2024.

En ese sentido, las entidades asumieron el compromiso de contribuir con la entrada en vigencia del voto penitenciario de los reos de manera progresiva, cuyos derechos civiles y políticos no estén suspendidos, de conformidad con lo que establece la Ley.

El acuerdo, suscrito por la Procuradora Miriam Germán Brito y el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, está basado en disposiciones constitucionales y legales.

Fue firmado en presencia de los miembros titulares del Pleno de la JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré Ramírez, así como del director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio.

El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como “un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos” que, consideró, deben ser garantizados, “no en los papeles”, sino de manera real y efectiva.

Destacó la importancia del apoyo para la identificación de la identidad a través del mecanismo de biometría, porque permitirá, primero, que los privados de libertad de manera preventiva, que no pierden ningún tipo de derecho fundamental, salvo lo propio que señala el código penal, puedan ejercer el sufragio activo para las elecciones de 2024, como ocurre en otros países.

Agregó que el acuerdo también permitirá depurar el padrón del sistema carcelario, excluyendo a todas las personas juzgadas de manera definitiva e irrevocable.

De su lado, la procuradora Miriam Germán Brito destacó la importancia del convenio, considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto, por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.

“La cuestión del derecho al voto tiene una larga historia de exclusión. Por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto.

Esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación”, expresó Germán Brito.

Empadronamiento

En el convenio se establece que la JCE dará apoyo a la PGR, a fin de proveerle los equipos requeridos para el empadronamiento y actualización de la información biométrica en centros de reclusión, y le facilitará el uso del sistema multibiométrico de la Junta para los procesos de consulta e identificación de personas.

En base al acuerdo, la Junta proveerá, en calidad de cooperación, equipos de lectura de información biométrica de personas (escáneres de huellas digitales, cámaras, entre otros), que serán distribuidos en los centros penitenciarios y procuradurías fiscales.

La JCE también proveerá los mecanismos de consulta e identificación de personas, con información biométrica utilizada en su motor de base de datos.

Mientras, el Ministerio Público dispondrá de facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica.

La JCE y la PGR se comprometen a desarrollar una interfaz de consulta para que el Ministerio Público pueda acceder al archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o actualización, de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la Base de Datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.

El Ministerio Público remitirá al órgano electoral las sentencias condenatorias a penas criminales que sean irrevocables en cada jurisdicción y aquellas mediante las cuales queden establecidos hechos que ameriten las cancelaciones de las cédulas, dentro de un plazo razonable.

Acceso a data

En uno de los considerandos, se resalta que el Ministerio Público gestiona aproximadamente 425 procesos judiciales diariamente en 36 fiscalías a nivel nacional, y que a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), se contabilizan 25,603 personas privadas de libertad.

Indica que por ello requiere contar con los mecanismos automatizados para la captura, lectura, registro y consulta de información digital multibiométrica como huellas dactilares, huellas palmares y rostro, entre otras, que puedan ser gestionada y consultada a través de mecanismos de comparación parcial o total, incluyendo huellas latentes.

Precisa que el Ministerio Público, como órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, necesita tener acceso permanentemente a la data que posee la JCE, a los fines de verificar los registros de los inscritos y la actualización constante de la misma, para obtener una información veraz de la evaluación de los actos vitales de los ciudadanos.

“Que el Ministerio Público, requiere de la implementación de un Sistema Multibiométrico que facilite la gestión, resguardo y consulta, para fortalecer la identificación de personas e imputados, además del control de privados de libertad, en los procesos de investigación, judicialización o de privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutora, limitando las acciones de los delincuentes y criminales que traten de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.” señala el considerando sexto.

Registro civil

En el acuerdo, se enfatiza que la JCE es la custodia y depositaria del registro civil de las personas y el único órgano facultado para la acreditación de su identidad mediante un documento de identidad.

Indica, además, que la Junta está encargada del mantenimiento y la conservación del Registro Civil, la Cédula de Identidad y todo lo concerniente a la inscripción de ciudadanos y ciudadanas en el Registro Electoral.