JUSTICIA
Delatores de casos de corrupción: los grandes colaboradores del Ministerio Público
Francisco Pagán fue el delator en el caso Antipulpo.
En los últimos años el Ministerio Público ha perseguido grandes casos de corrupción a través de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), valiéndose en algunos de estos de la colaboración de imputados dispuestos a fungir como delatores, para ser sacados del expediente o recibir sanciones menos gravosas como es prisión domiciliaria o garantía económica.
Con las declaraciones de estas personas, el Ministerio Público logra robustecer sus expedientes y estos reciben desde suspensión de las penas, un procedimiento abreviado y un régimen especial de cumplimiento de la condena.
En más de una ocasión el titular de la Pepca, Wilson Camacho, ha manifestado su creencia en la colaboración de imputados en este tipo de casos.
“Todas las personas que están dispuestas a colaborar tienen las puertas abiertas del MP sin excepción”
Operación Calamar
Uno de los últimos casos de corrupción desarticulado por el Ministerio Público fue “Operación Calamar”, en el que sus principales implicados son los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y, de Hacienda, Donald Guerrero.
La Pepca logró construir más de 2,000 páginas del expediente de solicitud de medida de coerción, gracias a los testimonios de delatores como Francisco Pagán Rodríguez, Bolívar Ventura y Ramón Emilio Jiménez Colllie (Mimilo).
El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de camino a una de las audiencias en el caso Calamar
Francisco Pagán, quien solo figuró en ese entramado como testigo, de acuerdo al MP, coordinó reuniones en su oficina de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mientras era el titular de esa entidad y entregó dinero en efectivo al implicado, Gonzalo Castillo, quien era en ese entonces candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Por otro lado, el empresario Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) admitió haber recibido de dicho entramado al menos 700 millones de pesos del Estado dominicano, por realizar entregas del dinero, obtenido de manera fraudulenta a Gonzalo Castillo.
Mientras que, a través de cuatro empresas de Bolívar Ventura, el grupo “distrajo fondos del patrimonio público a los fines de financiar la campaña política de Castillo”.
Gracias a las colaboraciones de los tres delatores, el órgano acusador realizó sus acusaciones en contra de los encartados, y ninguno de los tres figura en el expediente como implicado, sino como testigos.
Las acusaciones involucran 19 mil millones de pesos y a gente tan importante como Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, y a Donald Guerrero.
Explicación
En el caso en el que además de los exministros figuran unas 17 personas, la mayoría recibió prisión domiciliaria, presentación periódica, impedimento de salida del país, sanción económica y devolver el dinero sustraído, como medida de coerción, y solo José Ramón Peralta y Donald Guerrero fueron enviados a prisión preventiva a la CCR Najayo-Hombres.
Operación 13
En la Operación 13 relacionada a la Lotería Nacional y cuyo nombre está vinculado al bolo utilizado en el fraude del sorteo de quinielas efectuado el 1 de mayo de 2021, que causó pérdidas estimadas en RD$500 millones de pesos a dueños de bancas de lotería, el Ministerio Público realizó acuerdos con seis de los 10 imputados.
El MP favoreció a los implicados, por haber admitido su participación y mostrarse dispuestos a colaborar en el proceso de investigación que llevó a cabo la institución, con la suspensión de la pena impuesta.
Luis Dicent, exadministrador de la Lotería, quien fue uno de los implicados en el caso
Los beneficiados con la medida son Felipe Santiago Toribio, Carlos Manuel Berigüete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalle, Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y Rafael Mesa.
En el caso de Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, fueron condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos.
Mientras que Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida total, es decir en libertad.
En el caso particular de estos y quienes son beneficiados con la “pena suspendida”, deben residir en el domicilio acordado con el tribunal y en caso de cambio realizar una notificación previa, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas, de viajar al extranjero sin autorización judicial previa, aprender un oficio o profesión que les permita vivir dignamente en la sociedad, esto en coordinación con el juez de Ejecución de la Pena.
Además deben realizar trabajos comunitarios y en caso de que esta y otras de las condicionales impuestas sean incumplidas, deberán guardar prisión en la totalidad de la pena.
Operación Coral y Coral 5G
El entramado de corrupción que vincula a ex oficiales del cuerpo castrense dominicano y cuyo principal encartado en Operación Coral es el ex jefe del cuerpo de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Benoni Cáceres Silvestre, y en la segunda operación, Coral 5G, el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, acusados junto a un grupo de exoficiales de sustraer al menos RD$ 4,500 millones de pesos en propiedades y productos financieros.
Raúl Girón Jiménez, uno de los imputados en el caso Coral y quien admitió ser parte de un entramado de corrupción
En este caso sobresalió el nombre del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien en mayo de 2021 comenzó a mostrar sus intenciones de colaborar con la Procuraduría en el seguimiento del caso donde admitió su participación y advirtió delatar como operaba en el entramado.
Girón se convirtió en símbolo de referencia de los delatores, por su alta colaboración con el MP, y que por demás “cantó” públicamente cómo operaba la red. Por sus declaraciones, Girón recibió como medida de coerción prisión domiciliaria en una residencia de la cual a la fecha se desconoce su ubicación, por motivos de seguridad.
Operación Medusa
“Medusa” es el nombre con el que el MP dio a conocer el caso anticorrupción seguido en contra de 40 personas físicas y 22 de personería jurídica, en la que se entrevistaron a al menos unas 400 personas y en el que su principal implicado es el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez.
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en una de las audiencias del caso Medusa
Por este caso, el órgano acusador denunció que se sustrajeron de las arcas del Estado al menos RD$1,000 millones de pesos de manera ilícita y en la que Rainery Elizabeth Medina Sánchez, figura como principal delatora, admitiendo su participación en el entramado, realizando entradas ilegales de órdenes de productos incompletos, facturas adulteradas y licitaciones amañadas en la que responsabilizó además a otros de los implicados.
Explicación de quiénes fueron los principales acusados en el caso de corrupción Medusa.
Medina Sánchez, pareció salir ilesa de guardar prisión preventiva, ya que no figuró en el expediente acusatorio maquetado por el Ministerio Público en ese caso, no obstante, luego se le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario, ya que fue señalada como la cabecilla del robo de más de 700 televisores de la Procuraduría.
Aun con la variación de la medida, la mujer mantuvo su actitud cooperadora con el MP.
Otros de los delatores relacionados en este caso son Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría, a quien no se le conoció medida igual que a los demás implicados, ya que salió del país hacia España y fue declarado prófugo y solicitado en extradición. No obstante, aún no se ha registrado su entrada en suelo dominicano.
Antón Casanova, otro de los colaboradores del MP en Operación Medusa, cantó los sobornos argumentando sus palabras con evidencias las cuales entregó en el proceso de investigación. Casanova por sus declaraciones con respecto al fraude señalado por la Procuraduría en la construcción de la cárcel Las Parras, no figuró como imputado en el expediente, sino como testigo.
Caso Antipulpo
El primer caso al que la Procuraduría persiguió y desmanteló a finales de 2020 es el que relaciona como cabecilla al hermano del exmandatario Danilo Medina, Alexis Medina, señalado por encabezar el entramado de al menos 27 personas físicas y 21 compañías, acusados de corrupción y lavado de activos.
El hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, fue enviado a juicio de fondo acusado de estafa
En este caso Julio Esteban Suriel, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago, acordaron en febrero de este año con el MP obtener sanciones menos severas que el restante de los implicados, enviados a juicio de fondo, a cambio de sus declaraciones.
En el caso de Suriel, quien se declaró culpable de portar armas de guerra en su residencia y ser socio de varias empresas de Alexis Medina, fue condenado a cinco años de prisión, tres de ellos suspendidos.
Lewin Ariel Castillo, quien admitió su culpabilidad de recibir cheques de manera ilícita y logró acuerdos con el órgano acusador, obtuvo una sentencia de prisión suspendida durante un periodo de tres años, es decir, en libertad.
Domingo Antonio Santiago, testaferro de Alexis Medina, por su parte recibió una pena de “acta de criterio de oportunidad”.
El acta de Criterio es un recurso contemplado en la sección II de criterios de oportunidad, artículo 34 del Código Procesal Penal Dominicano, en el que entre otras cosas establece que el Ministerio Público puede acudir a este recurso cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico, el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho un daño físico o psíquico grave y cuando la pena que corresponde por el hecho de cuya persecución jurídica se prescinde carece de importancia den consideración de una pena.
Francisco Pagan, exdirector de la OISOE y uno de los principales testigos en Operación Calamar e imputado en operación Antipulpo, recibió por este caso una pena de cinco años de prisión, dos de ellos suspendidos.