El presunto entramado de corrupción integrado por los implicados en la Operación Calamar utilizaba las instituciones gubernamentales como un escenario para “estafar y desfalcar” al Estado dominicano, según se establece en el documento de solicitud de medida de coerción, elaborado por el Ministerio Público y depositado en corte la noche lunes.

La mayoría de los encartados en el caso fueron importantes funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Los nombres más sonoros son los de los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

De acuerdo con el órgano persecutor, tanto ellos como los demás imputados, “aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar procedimientos y cometer ilícitos penales”.