Operación Calamar: Así describe el MP a la presunta estructura criminal
La mayoría de los encartados en el caso fueron importantes funcionarios del gobierno de Danilo Medina
Operación Calamar. Foto: Jorge Martínez.
El presunto entramado de corrupción integrado por los implicados en la Operación Calamar utilizaba las instituciones gubernamentales como un escenario para “estafar y desfalcar” al Estado dominicano, según se establece en el documento de solicitud de medida de coerción, elaborado por el Ministerio Público y depositado en corte la noche lunes.
La mayoría de los encartados en el caso fueron importantes funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Los nombres más sonoros son los de los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
De acuerdo con el órgano persecutor, tanto ellos como los demás imputados, “aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar procedimientos y cometer ilícitos penales”.
Estas acciones eran cometidas desde sus propios espacios de trabajo en el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas.
¿Cómo operaba el entramado?
El Ministerio Público señala que los exfuncionarios imputados identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad pública sin haber sido pagados en el precio justo, haciendo que, mediante maniobras fraudulentas, el Estado erogara fondos para esos pagos.
La solicitud indica que estos fondos retornaban a los implicados, quienes se apropiaban de ellos para su propio beneficio económico.
Indican que el supuesto entramado logró consolidar un esquema con profesionales en ejercicio del sector privado que se encargaban de tramitar varios procesos como “la determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord”.
También habrían incurrido en otros delitos como falsificación de documentos públicos y la emisión de avalúos para pagos fraudulentos de parcelas expropiadas. Todo esto, según el MP, con el fin de obtener ganancias ilícitas.
El documento explica que el entramado empleaba la modalidad de “cesiones de créditos fraudulentas” a favor de personas que respondían por los intereses de los exfuncionarios y autorizaban los pagos.
Además, crearon “empresas de carpeta”, cuyo único propósito era cobrar los montos de las cesiones de crédito y eran disueltas una vez recibían los fondos públicos, resultado del desfalco.
Estas cesiones de crédito eran firmadas de forma habitual en una misma oficina de abogados, la cual también resultó acreedora de múltiples sesiones enriqueciendo a sus socios con sumas millonarias.
¿De qué forma llegaba el dinero?
De acuerdo con el órgano persecutor, luego de que se realizaban los pagos de los beneficiarios de las cesiones de créditos, el dinero salía de sus cuentas y era entregado en efectivo a los en ese entonces funcionarios que formaban parte de la estructura criminal.
Elusión de procesos
Cabe señalar que la estructura también efectuaba pagos en tiempo récord, tomando en consideración todos los requisitos exigidos para obtener la aprobación y autorización del pago del Ministerio de Hacienda.
El MP también subrayó que el entramado firmó acuerdos transaccionales en el CEA sin contar con la aprobación del Congreso Nacional ni del Poder Ejecutivo.
Cobros ilegales
Entre las tantas actividades ilegales que realizaban los imputados en Operación Calamar, la solicitud de medida de coerción hace mención de que la Dirección de Casino y Juegos de Azar era usada por la estructura para hacer cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales se realizaron al margen de la institución por miembros del entramado.
En complicidad con el departamento de fiscalización de esa dependencia, cerraban los establecimientos de bancas de loterías y deportivas que “no realizaban el pago ilegal requerido, del cual los funcionarios encargados recibían sobornos”.
Máquinas tragamonedas
El órgano judicial alegó que la estructura criminal instaló máquinas tragamonedas en varios colmados a sabiendas de que era una acción ilegal.
Asimismo, detallaron que el entramado cobraba una mensualidad por las mismas a los propietarios de los negocios “al estilo de la mafia”.