Inafocam niega violentara la ley con atribución de contrato a la UAPA

La asignación de un contrato de más de trece millones de pesos dominicanos a la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), de la que es cofundador el ministro de Educación, Ángel Hernández, por parte del Instituto Nacional de Formación y Capacitación de

Magisterio (Inafocam), dependencia del Ministerio de Educación, alertó hace unos días a la opinión pública ante la posibilidad de una violación directa a la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas.

Por las consideraciones, se habría agraviado el apartado constitucional en el que se prohíbe que funcionarios públicos se presenten como oferentes en los procesos del Estado y, peor aún, que les sean atribuidos; sin embargo, de acuerdo con el Inafocam, el convenio habría sido aprobado para febrero del año 2022, cuando Hernández aún no era ministro, en cambio sí rector de la UAPA.

Según sostuvieron, es casi seis meses después de haberse aprobado el programa, que habría sido para la ejecución de una maestría en gestión de centros educativos dirigida a 50 participantes, entre técnicos, directores y coordinadores, que la persona de su más reciente exrector se ve comprometida con el gobierno.

“Fue aprobado el 28 de febrero del 2022 por el comité de becas de esta institución, fecha en la que el señor Ángel Hernández no había sido nombrado ministro de Educación por el presidente Luis Abinader, afirmación que se puede constatar con al consultar el decreto número 414-22, de fecha 03 de agosto del 2022, momento exacto donde se produce su designación, esto es, casi 6 meses después de haberse aprobado el programa educativo de marras”, manifestó la entidad que es encabezada por Francisco Ramírez.

Aunque el aval al proyecto se dio en agosto, indicaron que no es hasta julio de 2022 que llegaron a las firmas del acuerdo con la UAPA, estableciéndose entonces una vigencia del mismo hasta el 15 de febrero de 2025, más no del contrato, aunque los beneficiados con la maestría se integraron desde entonces a las clases que, afirmaron, continúan tomando hasta el día de hoy.

No era de prioridad

El Instituto de Formación Magisterial aseguró que, por la naturaleza de su rol, siempre da prioridad a aquellos contratos que están enfocados en la formación continua de los docentes, que normalmente se trata de talleres que tardan entre un día y cuatro meses; mientras, en el caso de los contratos para licenciaturas, maestrías y doctorados, “se trabajan de manera más pausada porque su duración es de dos a cuatro años”.

En virtud de esto, afirmaron que en su cronograma normativo de trabajo se establece un orden en primacía entre los pactos y, precisamente a este, considerando que tiene una vigencia de 2 años y 7 meses, le correspondió para el 15 de septiembre, cuando ya Hernández se encuentra en silla de ministro, lo que expuso la voz de alarma.

“Precisamente porque el Inafocam establece la prioridad de firmas sin establecer distingos y los organiza conforme les corresponda, y lógicamente, como el contrato con al UAPA tiene una vigencia de 2 años y 7 meses, en el orden de número de expediente al firma correspondió al 15 de septiembre de 2023, en coherencia y consonancia con el cronograma de trabajo de la institución”, respondió el Inafocam al cuestionarse el por qué de la fecha de firma del contrato.

Asimismo, señalaron que el registro del contrato, hecho por la Contraloría General de la República, se hizo de conformidad con lo que figura en el artículo 72 numeral 3 de la Ley 10- 07, de fecha 30 agosto de 2007.

“En esas atenciones, la Contraloría certificó el contrato entre el Inafocam y la UAPA previo a la revisión de toda la documentación que avala el expediente y queda cuenta de que el contrato se suscribió previo a la designación del señor Ángel Hernández como máxima autoridad del Ministerio de Educación”, aseguraron.