Una legislatura “productiva” para el Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo pidió y el Congreso Nacional cumplió sus caprichos durante una legislatura extraordinaria con productividad cuestionada y dónde los proyectos del Gobierno tuvieron prioridad.

El 25 de julio, un día antes de terminarse la legislatura ordinaria, llegó al Congreso Nacional la carta firmada por el presidente de la República, Luis Abinader, donde disponía la convocatoria extraordinaria desde el 27 de julio hasta el 15 de agosto “a fin de conocer los proyectos de ley pendientes, así como cualquier otro proyecto que ese presentase”.

En el decreto, que venía adjunta con la carta, el presidente argumentó que en el Congreso Nacional cursan leyes “de alto interés público” y que requieren conocimiento y decisión de las cámaras legislativas y aprovechó para mencionar algunas iniciativas de interés para Gobierno.

“Los proyectos de ley que versan sobre la regulación de la jurisdicción contenciosa administrativa, el estatuto de la función pública, la responsabilidad fiscal de las instituciones estatales, así como el relativo a la instauración de un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria” fueron los proyectos recomendados por el Poder Ejecutivo.

A esto, se agrega una declaración del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien auspició el conocimiento y pronta aprobación del proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio.

 Sin embargo, lo que el Poder Ejecutivo no dijo en su decreto, y sí mandó a sus legisladores, fue a la aprobación del presupuesto “reformulado”, unos préstamos que algunos el Gobierno ya tiene en su poder y distintas exenciones fiscales. Sobre la modificación al presupuesto del año 2023, que justamente fue depositado en esta legislatura extraordinaria, el Gobierno realizó nuevas estimaciones, pero lo llamativo es que a la lista de endeudamientos, agregó, mediante dos enmiendas, siete nuevos préstamos que causó malestar entre los partidos de oposición, quienes impidieron en un primer momento el avance del proyecto. Sin embargo, ayer el voto de los diputados oficialistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se impuso, logrando su aprobación en una primera lectura. Fuera del presupuesto, el Senado de la República aprobó dos préstamos, estando uno de ellos ya disponible para que el Poder Ejecutivo pueda disponer de esos fondos.

préstamo 

El Senado aprobó el contrato de préstamo suscrito entre el país y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un monto de hasta 140 millones de dólares con la finalidad de financiar y ejecutar el “Programa de Saneamiento Universal de Ciudad Turísticas y Costeras” que sería utilizado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillas (Inapa).

Mientras que el otro préstamo aprobado por los senadores, pero que aún debe ser conocido por la Cámara de Diputados, es un empréstito suscrito el pasado 16 de diciembre con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 250 millones de dólares, que sería utilizado para financiar el proyecto de construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.

En tema de exenciones, los senadores convirtieron en ley el proyecto que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributa, conocido entre los legisladores como una “amnistía fiscal”.