Posible muerte civil de Marine Le Pen
La corrupción, aunque se detenga en la puerta del despacho presidencial, no exime de responsabilidad al presidente que se haga de la vista gorda cuando sus funcionarios caen en la nasa fatídica de la corrupción y sus diferentes caras.
En Francia, por ejemplo, se acusa de corrupción a los políticos que no declaran el dinero adquirido, legalmente, para su Partido; al diputado que, mientras ocupa su curul, declara falsos asistentes parlamentarios.
Durante la campaña presidencial de 2017, el entonces candidato de Les Républicains (LR), primer ministro durante el gobierno de Nicolas Sarkosy, fue sometido a la Justicia por haber nombrado asistente parlamentaria a su esposa cuando fue diputado. Fue condenado. La sentencia, recurrida, no ha sido aún ejecutada. Está pendiente. Los ejemplos abundan.
El caso más recente y que amerita especial atención es el de Marine Le Pen, entonces presidente del ultraderechista Frente Nacional, hoy Rasemblement Nacional (RN), durante el tiempo que estuvo en el Parlamento europeo de 2004 a 2017. Una denuncia anónima de un “posible fraude alertaba sobre presuntos casos de falsos empleos de parte del RN y, en particular, de su entonces presidente, Marine Le Pen durante sus años en el Parlamento europeo.
Cuando quiere sentar principios, la Justicia suele no dar largas en busca de lo que aterra a los políticos: ¡la inhabilitación! Al cabo de 9 años de investigación (2023), los jueces de instrucción pidieron que fueran traducidos a la justicia la presidente del entonces Frente Nacional y 27 dirigentes o empleados que fungían como gualdaespaldas o sus choferes cuya remuneración se hacía en tanto asistentes parlamentarios de la eurodiputada Marine Le Pen.
El 13 de noviembre (2024), los fiscales solicitaron 5 años de prisión, con dos de encarcelamiento acomodables, 300 mil euros de multa, así como una pena de ineligibilidad de 5 años acompañada de una ejecución provisional, que sería un obstáculo importante para Le Pen en vista de la elección presidencial de 2027. La sentencia será pronunciada en marzo (2025).Si la solicitud del Ministerio público es acogida por los jueces.
La dirigente del RN debe renunciar tanto a su diputación y toda función pública, y, si condenada, como especifica la sentencia, no podrá terciar en las presidenciales de 2027 que, según los pronósticos, podría ser elegida presidente de Francia en segunda vuelta.