Migración: necesidad, legalidad y supervivencia.

 De 2017 (ENI) a la fecha, cualquier planteamiento en torno a la cantidad de nacionales haitianos que residen en nuestro país cae en el terreno de la especulación. Sin instrumentos de medición actualizados, la percepción y los sesgos sustituyen a la estadística; aún así, sería de necios obviar que en los últimos años el flujo de migrantes ha aumentado, a la par que la mano de obra haitiana ha salido de sus sectores tradicionales, ocupando otros nichos de trabajo como servicios, seguridad, transporte público, entre otros.

El colapso del Estado haitiano y la situación de conflicto armado interno que vive el país, a la par que centraliza y potencia la violencia ejercida por las bandas –incontenida por la policía haitiana y tropas keniatas–, ejerce presión sobre las posibilidades de coexistencia pacífica, al punto que la migración hacia República Dominicana constituye la primera opción de supervivencia de los haitianos.

Ante esa realidad, el gobierno ha arreciado esfuerzos para deportar a los nacionales haitianos en situación de irregularidad, trazándose una meta de 10,000 migrantes semanales que, al principio pareció antojadiza e imposible, y en los hechos ha resultado cierta. La Dirección General de Migración (DGM) –bajo la jefatura del Vicealmirante Lee Ballester– ha dado cumplimiento a la orden presidencial y, con altas y bajas, ha desplegado esfuerzos institucionales, enfrentando mafias internas y externas, y exigiendo el cumplimiento de una ley que más allá de las deportaciones (y los negocios en torno a ella), se antoja letra muerta.

Al margen de posibles violaciones a derechos fundamentales de migrantes –individuales o grupales– y de la necesidad de reforzar los protocolos de la DGM y garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales; en los hechos, la presión ejercida por las autoridades se ha traducido en un repliegue de la presencia pública de migrantes –o su retorno voluntario– pero también ha dejado visible el lado oscuro de la migración haitiana, el que nadie quiere mencionar: el nivel de dependencia crítica que muchos sectores de nuestra economía tienen de la misma.

Las preocupaciones externadas por gremios de constructores, bananeros, arroceros, ganaderos, etc., evidencian que la ley de la oferta y la demanda del capitalismo genera el “efecto llamada”; y la que en mayor medida induce y promueve la migración irregular hacia el país.

Exigir al gobierno la regularización pura y simple –coyuntural y acomodaticia– de los migrantes que laboran en esos sectores (alegando la posibilidad de quiebra como excusa), es también una confesión de incumplimiento flagrante de la ley, que más que comprensión de parte del Estado, merece rechazo, persecución y sanción.

La competitividad de ningún sector puede estructurarse sobre la base de la informalidad, bajos salarios y al margen del Código de Trabajo o la ley de Seguridad Social. La legalidad se manifiesta en los hechos, y la dominicanización de la mano de obra es el primer paso para combatir la migración irregular.