20 años de retraso en nueva política educativa
Tras la sentencia del Tribunal Superior Administrativo no. 0030-1643-2024 -ssen-00573 que ordena el cumplimiento de la Ley 63-17 en lo concerniente a la enseñanza obligatoria de la Educación Vial, específicamente, me motivó escribir con alegría un mensaje escueto al Colegio de Abogados, que interpuso la petición.
Ha sido un sueño por casi 20 años, cuando desde entonces fuimos parte activa con una ONG para que la Educación Vial sea llevada a las escuelas mediante disposición legislativa en la República Dominicana. Logro alcanzado al incluirse en el artículo 271 de la Ley 63-17, promulgada en febrero de 2017.
Incluso, en febrero de 2009 en Madrid, en una conferencia ante los organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas y los Bancos Multilaterales, solicitamos personalmente en mi intervención que la Seguridad Vial sea parte integral de los Objetivos de Desarrollo Globales, petición reiterada en la Conferencia Ministerial Mundial de Moscú a finales de ese mismo año, cuando pedimos la proclamación del Decenio de la Seguridad Vial Global 2011–2020 a ONU.
Sorprendentemente en el 2015, con la puesta en marcha de los planes de Desarrollo Sostenible y de Cambio Climático, quedó comprendida nuestra inquietud como tema transversal a todos sus objetivos y especificado en el Objetivo 3 y sus metas sobre Salud y Bienestar; contemplado también en el Objetivo 4 de: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Más el objetivo 11 por alcanzar ciudades seguras y sostenibles.
De cuyos preceptos en general el Ministerio de Educación de la República Dominicana ha estado muy distante, divorciado y resistente a la interdependencia con otras instituciones que exige la modernidad.
Sin embargo, la lucha por la Educación Vial sigue incomprendida. Ahora prologándose indefinidamente con la suma de sectores importantes de la sociedad nacional que suponemos reafirmarán con más vehemencia haciendo romper el silencio permanente del órgano rector de la movilidad y otros.
Los mismos legisladores han reclamado el cumplimiento de la referida Ley en más de una ocasión sin que los organismos responsables hayan dado muestra de su verdadero valor frente a un comportamiento ciudadano involutivo en las vías de nuestro territorio.
El Ministerio de Educación tiene ese desafío de gran envergadura nacional, cuyos resultados serán a largo plazo, ya que nunca será nada fácil construir nuevas generaciones con el nivel de desarrollo de nuestros gerentes.
En los actuales momentos se lleva a cabo el debate relativo a la educación vial en las escuelas dominicanas con un retraso irrecuperable de 20 años en la opinión pública.
Lo insólito en este escenario es que la principal oposición la encarna el Ministro de ese organismo tan imprescindible para el desarrollo del país violando disposiciones, primero Legislativa contenida en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
En segundo lugar en contraposición a una sentencia del Tribunal Superior Administrativo.
El hecho de haber sido promulgada la enseñanza obligatoria de la Educación Vial no fue por idea ni mucho menos por capricho de los legisladores, sino el producto de una conquista ciudadana que activistas de la SEGURIDAD VIAL iniciáramos desde el 2005 de manera formal ante todos los sectores de poder político y económico de la República Dominicana y en el mundo exterior.
Es una insensatez y una irresponsabilidad, que teniendo los recursos del 4% del PIB, transcurrido casi 8 años de entrada en vigencia la disposición, los gobiernos se hayan hecho los desatendidos, sobre todo al expresar ahora su indisposición de acatar la Ley, evidenciando inconsciencia, incapacidad e insensibilidad humana.
El objetivo principal del artículo como materia curricular, es que se transforme el comportamiento de los ciudadanos en las vías públicas por las secuelas traducidas en víctimas, pérdidas en propiedades y daños en la salud de la población, generando mayores gastos al país que lo invertido en la Educación Nacional.
Por lo contrario, las escuelas públicas fomentan la anomia en sus estudiantes. Solo hay que visitar los centros educativos del interior, miles de estudiantes en violación a las normativas asistiendo sin documentos ni protección ni responsabilidad conduciendo motocicleta.
La educación vial curricular es una tendencia mundial como antídoto al factor de riesgo humano en el desplazamiento que conlleva tecnología e innovación conforme a la Era Digital.
Las estadísticas revelan una carga social y económica acumulada impagable al momento con un saldo de más de un millón de víctimas de tránsito después de haber sido promulgada la ley que rige el sector.
No usar los presupuestos por los rectores de la enseñanza nacional de forma eficaz, ha sido un mal hábito y una incomprensión del tema de parte nuestros políticos y gobernantes.