Ministerio Público hace acuerdos con implicados en caso Medusa por más de RD$160 millones de pesos

Desde el inicio de las investigaciones hasta el desarrollo del conocimiento de juicio de fondo del caso Medusa, el Ministerio Público ha realizado acuerdos con los imputados por RD $167,563,370.44, tanto en beneficio del Estado dominicano como en favor de ese órgano.

Esto a través de incautaciones en el proceso investigativo, así como mediante acuerdos suscritos con algunos implicados que han aceptado su participación y culpabilidad de los hechos imputados por el órgano acusador, lo que ha derivado en penas abreviadas a las primeras conclusiones que realizó el MP al inicio del caso.

En el expediente que supera las 12,000 páginas, el MP indicó que el señor Francesco Cardi, quien habría recibido la suma de 2, 000,000.00 de pesos, por haber conseguido adjudicación de unas obras, hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de esa misma cantidad, a través de un cheque de administración no. 545783, del banco Scotiabank, estableciendo que no presenta oposición al decomiso de este.

Otra maniobra fraudulenta, alegada por el MP realizó el principal acusado de este proceso, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, fue la compra de un apartamento en el piso 11 de la Torre Veneto IV de 148.40 metros cuadrados ubicado en la Calle Rafael Augusto Sánchez, Sector Naco, Distrito Nacional, a nombre de otra persona, por el monto ascendente a ciento setenta mil dólares, que equivalente al dólar en 59 pesos, serían RD$10,030,000.

El dinero con el que se adquirió el inmueble, estaba destinado para la construcción de parqueos de la Fiscalía del Distrito Nacional, según el expediente acusatorio.

El apartamento no fue traspasado a nombre de la persona que realizó la compra, teniendo el vendedor Luca Giannattasio, de nacionalidad italiana, el título de propiedad bajo su tutela, quien luego realizó una entrega de forma voluntaria al MP para el decomiso del bien.

Implicados logran acuerdos

Hasta la fecha, al menos 24, personas físicas y jurídicas (acusados  y sus empresas)  han aceptado su culpabilidad ante el juez y arribado a acuerdos con el Ministerio Público, en los que si el juez así lo ordena, tendrían un menor tiempo de condena, gracias a su aceptación de los hechos y aportación de información para continuar el curso de la investigación y aceptación de los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público.

Además de obtener sentencias abreviadas, algunos de los acusados se verán en la obligación de pagar multas estipuladas por el órgano acusador, en algunos casos ascendentes al monto recibido por sobornos.

Lisandro José Macarrulla Martínez es uno de los primeros acusados en aceptar su implicación en la estructura de corrupción y quien tras haber manifestado mediante su defensa técnica la existencia de un acuerdo, deberá pagar RD $77, 039, 816.12 centavos, que es el monto retenido por la Procuraduría General de la República por concepto del 5 % del costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra como garantía de vicios ocultos, en virtud del contrato de ejecución de obra de construcción de la Nueva Victoria.

Además de esto, RD $57, 389,577.65 que será entregado a nombre de la Procuraduría General de la República y la incautación de un apartamento en el Ensanche Naco Valorado en RD $20,243,000.

José Antonio Santana Julián aceptó ser culpable de asociación de malhechores y sobornos, tras haber realizado pagos del 20% de la obra en su calidad de gerente y socio de Abastesa S.A.S. y Constructora Integrada, S.A.S.

Santana Julián deberá pagar 3,900,000, que es el monto total al que ascendieron los sobornos.

En el caso de la asociación comercial Constructora Integrada, S.A.S. deberá pagar una multa de un millón de pesos. De indemnización, por los daños causados por él y la empresa, deberá pagar otro millón de pesos. 

Otro que se declaró culpable de las implicaciones fue Ricardo Antonio Carrasquero Frías, quien a través de la empresa Constructora Carrasquero S.R.L., de la que es propietario y gerente, realizó varios pagos de sobornos de RD$ 700,000 pesos para obtener la adjudicación de obras.

En virtud de esto y tras asumir su culpabilidad, deberá pagar RD$ 700,000 pesos en favor del Ministerio Público y la razón social Constructora Carrasquero S.R.L., una multa de RD$ 100,000 pesos, así como le será cancelado el registro mercantil.

Jenny Marte también asumió su culpabilidad, arribando así a un acuerdo pleno con el Ministerio Público en el que entre otras cosas deberá pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público, siendo este de RD$10,000 pesos, por lo que la multa asciende a un total de RD$ 3,300,000 millones de pesos.

Razón social

22 razones sociales están implicadas por el MP en el expediente, acusadas junto a las 41 personas físicas del manejo irregular de millones de pesos a través del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Dominicano, de las cuales, tras personas físicas por las que estaban representadas llegaron a acuerdos con el órgano acusador, se verán en la obligación de pagar una multa.

La razón social Divamor Group S.R.L., tendrá que pagar en beneficio del Estado dominicano, la suma de RD$ 722,744.12, así como el decomiso de sus acciones comerciales, el RNC que consta y el retiro del registro mercantil de la entidad comercial.

Esta empresa estaba representada por los hermanos Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, quienes tras llegar a acuerdos tendrán penas abreviadas.

La empresa Herrajes Rachel S.R.L., deberá pagar RD$ 722,744.12 pesos, luego de que su representante Carlos Augusto Guzmán Oliver concretara un acuerdo pleno con el MP, si el juez acepta el pedido de solicitud del órgano acusador.

La entidad comercial Rogama S.R.L., deberá pagar una multa consistente en RD$722,744.31, así como el decomiso en favor del Estado dominicano, de las acciones, cancelación de su registro mercantil y ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano del bien inmueble identificado como 309510540944, matrícula número 3000248325, con una superficie de 1,500.28 metros cuadrados, ubicada en Santo Domingo, propiedad de la entidad comercial.

Una última entidad que hasta la fecha ha llegado a un acuerdo con el órgano acusador y se solicitó una multa es Inversiones Suacilan, quien deberá pagar RD$722,744.12 así como la cancelación de su registro mercantil.