Casos sobre fondos públicos en campaña corresponden a JCE, según procurador de delitos electorales

El titular de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales, Iván Vladimir Feliz Vargas, informó este martes que le corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) atender las denuncias sobre uso de fondos públicos en la campaña electoral. “El Ministerio Público tiene sus atribuciones desde el punto de vista penal. Ese tema entendemos nosotros que le corresponde a la Junta Central Electoral”, estableció Vladimir Feliz. Además, señaló que como muestra de esto, la JCE dispuso un proceso de investigación de estos casos. “Entendemos nosotros que le corresponde a la Junta Central Electoral y ya el presidente ha abierto una indagación respecto a esa situación”, puntualizó. No obstante, expresó que este organismo judicial recibió en días pasados dos acusaciones, evidenciando una supuesta participación del Estado en el proselitismo que están siendo investigadas. “Hay dos denuncias expuestas, una por el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respecto al uso de los recursos del Estado. Pero, también, respecto de un término incorrecto que se utilizó, un "hackeo"a una impresora, lo cual es imposible y el Ministerio Público está trabajando en eso. También se está investigando”, subrayó Feliz. La JCE está investigando los señalamientos realizados por organizaciones políticas de la oposición hacia el Partido Revolucionario Moderno (PRM) por "abusos" de los recursos del Gobierno en la contienda electoral. Sin embargo, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, aclaró en días pasados que a esta entidad no le corresponde sancionar por la utilización de los fondos del Estado, ya que representan un delito y crimen electoral. "El uso de recursos del Estado es un delito, es un crimen electoral y lo correcto es que se vaya a la instancia correspondiente. La Junta Central Electoral no tiene competencia para investigar, perseguir y acusar en materia de delitos y crímenes electorales", afirmó. Además, reiteró que la labor de la JCE es fungir como el organizador de la fiesta de la democracia, no ser el verdugo del proceso. “Hay que ver a la Junta Central Electoral no como el verdugo del proceso, sino como el organizador de la fiesta de la democracia", resaltó Jáquez Liranzo. Liranzo dijo que la Procuraduría de delitos y crimines electorales, a partir de lo dictado en la Ley del Régimen Electoral 20-23, es quien debe actuar en contra de los infractores. "La ley es muy clara y señala que la competencia para persecución e investigación de delitos electorales es del fiscal electoral", declaró. Por otro lado, el magistrado Iván Vladimir Feliz reveló que 175 fiscales y 35 abogados de apoyo fueron distribuidos en las 32 provincias para atender cualquier flagelo electoral identificado en los comicios municipales del 18 de febrero. “Estamos listos. De hecho, los fiscales a nivel nacional han desarrollado toda su estrategia como si fuese cualquier delito”, puntualizó. Reiteró que exhibir el voto, comprar la intención del derecho al voto e incidir en el mismo son parte del listado de los delitos electoral expuestos a partir del artículo 310 de la Ley 20-23.

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Además, Vladímir Feliz señaló que como muestra de esto, la JCE dispuso un proceso de investigación de estos casos.

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