prisión
Tribunal impone coerción a pareja por crimen de niño
imputada Carmen Jiménez, tía del infante y González Valentín Rojas, cumplan la medida de coerción.
El niño fue objeto de tortura, maltratos y heridas.
El juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de La Altagracia, impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de una mujer y su pareja sentimental, a quienes se les acusa de tortura y asesinato de un niño de 8 años de edad, sobrino de la imputada, en un hecho ocurrido en la comunidad de Verón, Punta Cana.
El tribunal, dispuso que la imputada Carmen Jiménez, tía del infante y González Valentín Rojas, cumplan la medida de coerción en la Cárcel Pública de Mujeres de Higüey, así como en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya.
El tribunal, quien además declaró el caso complejo, tomó la decisión, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por la fiscal de esa jurisdicción, quien entendía que la prisión preventiva era la medida más idónea para los encartados.
El menor de 8 años de edad, de quien se omite su nombre para cuidar de la integridad de la familia de la víctima, falleció en circunstancias trágicas la noche del pasado viernes, hecho que está en investigación por un equipo del Ministerio Público, encabezado por la titular de la Fiscalía de La Altagracia, Claudia Garrido, junto a los también fiscales Silveria Poueriet R, Hendrich Ramírez, Aneurys Castillo, Alba Mota y Víctor Camacho.
El médico legista, Polanco Guzmán, junto con un equipo de la Policía Científica, realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida del menor, quien falleció en un centro de salud de la provincia La Altagracia el pasado viernes 13 del presente mes.
Según diagnóstico médico de la doctora Pamela Dalle Grave y acta de levantamiento de cadáver instrumentada por Polanco Guzmán, el cadáver del menor presenta ciento cuarenta y siete (147) heridas de diferentes tipos, determinando que la causa de la muerte ocurrió por presentar shock hemorrágico, hipovolémico y séptico, con seis pérdidas dentales y traumas de diferentes tipos.
En su acusación provisional, el Ministerio Público responsabiliza a los imputados de violar los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 303-4 numerales 1 y 2, 330, 331 del Código Penal Dominicano; 396 literal A de la Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de la víctima y sus familiares.