Ex fiscal acusa al presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún de desfalco y prevaricación

El ex fiscal del Distrito Nacional, Gregory Castellanos Ruano acusó al presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, de que habría usado millones de pesos para comprar cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia La Altagracia (Higuey).

El jurista dijo que Surún Hernández habría hecho la compra a través de una compañía offshore de su propiedad que tiene en “un paraíso fiscal de Panamá”.

En ese sentido, hizo un llamado a la procuradora general, Miriam Germán Brito, a los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, para que "actúen y lo sometan" porque, según entiende Castellanos Ruano "no puede haber corruptos preferidos".

“Solicitamos al ministerio público que active la investigación por el desfalco sistemático de los fondos del Colegio de Abogados que durante su gestión ahí ha cometido Surún Hernández”, expresó.

El ex fiscal igualmente denunció a la tesorera del gremio que agrupa a los profesionales del derecho, Elsa Alvarado y al ex fiscal Abraham Ortiz Cortes, de prevaricación, desfalco y malversación de fondos.

Castellanos Ruano sostuvo que cuando la Cámara de Cuentas intentó auditar el CARD en el 2021, Surún Hernández se valió de "mecanismos políticos, buscó padrinos y amigos de funcionarios del Ministerio Público" para que no se auditara ese gremio y para que el órgano persecutor "no hiciera nada y lo apañaron".

Explicó que la querella la hace él mismo por motivación propia y que es una reiteración porque ya lo sometió el año pasado ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Camacho porque el CARD "es un órgano de derecho público interno que forma parte del ámbito público".

Ante esto, Indicó que por esa razón Surún Hernández "está dentro de la categoría de funcionarios", quien dijo se ha "enriquecido, se ha multimillonarizado", a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos, mientras los miembros de esa entidad carecen de seguridad social, de cooperativa y centros de recreación.

Castellanos planteó que Surún Hernández se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas, que es la entidad facultada constitucional y legalmente para auditar el uso de fondos públicos. Precisó que el grueso de los ingresos al Colegio de Abogados proviene del pago de impuestos que tienen que pagar los ciudadanos dominicanos para poder acceder a la Justicia a reclamar sus derechos.

Planteó que Hernández y los demás implicados habrían cometido varios crímenes y delitos ante la negativa de dejarse auditar. Citó que violaron los artículos 169; 170; 171; 172; 166 y 33; 145; 147; 148; 265; 266; 267; 59 y 60; 103; 104; 105 y 106 del Código Procesal Penal.

De igual forma, precisó que también habrían violentado otras normativas y leyes, tales cuales los artículos 40, 44, 71, 72, 74, 75 Ordinal 3ro. de la Ley 3-19 del Colegio de Abogados; los artículos 40 y 57 de la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; el artículo 84 de la Ley No. 41-08 de Función Pública; y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.