Gobierno garantiza cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional
Antoliano Peralta, consultor jurídico
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, dijo que el Poder Ejecutivo continuará verificando el estricto cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y aseguró que continuará velando por el apego absoluto a la Carta Magna.
Indicó que luego que el Tribunal Constitucional le remitió una lista de 61 sentencias pendientes de cumplimiento a cargo de los órganos o entes de la Administración Pública, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo informó a cada una de las instituciones señaladas la indicación de los fallos pendientes de ejecución.
Precisó también le requirió una explicación de las razones que dificultan su acatamiento, con fundamento en los principios de continuidad del Estado, seguridad jurídica y sometimiento pleno de la Administración a la juridicidad.
“A la fecha, algunas instituciones han respondido, explicando que las sentencias indicadas como no cumplidas por el Tribunal Constitucional han sido acatadas o están en proceso de ello,”, indicó.
En ese sentido, Peralta Romero hizo un “enérgico” llamado a cada institución notificada con sentencias pendientes de ejecución de asumir su responsabilidad, así como de dar respuesta a la solicitud que le hizo la Consultoría de informar.
Igualmente, agradeció el celo del Tribunal Constitucional por el debido acatamiento de sus fallos, lo cual, considera, contribuye a la prevalencia de un Estado de Derecho en nuestro país.
Sin embargo, precisó que de 61 sentencias que el Tribunal Constitucional le remitió como no cumplidas por parte de instituciones públicas, 58 fueron dictadas antes del 16 de agosto de 2020 y solo tres durante el actual gobierno.
En un documento, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, puntualizó que en sus atribuciones de órgano rector de la coordinación jurídica en la Administración, solicitó al Tribunal Constitucional, de manera formal, la lista de sentencias no acatadas, a los fines de verificar el cumplimiento y con ello, del imperativo constitucional que dispone el carácter vinculante de tales decisiones.