A partir de la promulgación de la Ley No. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, la República Dominicana tiene el desafío de avanzar con determinación hacia la construcción de una sociedad más organizada, lo cual repercutirá en mejorar las condiciones de habitabilidad básica de la ciudadanía contribuyendo así al desarrollo endógeno de cada rincón del territorio nacional.

Uno de los desafíos claves en este proceso se encuentra en la ausencia de información confiable y actualizada del territorio que permita a los Ayuntamientos y las Juntas de Distrito Municipal con más de quince mil habitantes, a realizar su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) establecido en el Art. 23 de la norma recién aprobada. Evidencia de este planteamiento se encuentra en el diagnóstico rápido de los servicios catastrales en República Dominicana (2019) realizado bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Global Land Alliance.

Dicho estudio concluyo que existe un alto nivel de informalidad en el registro de las propiedades inmuebles, coexistiendo dos sistemas de registro de propiedades paralelos: el Registro de Títulos y la Conservaduría de Hipotecas; destacó que apenas una de cada cuatro propiedades está registrada en la Dirección General de Impuestos Internos, razón por la cual los impuestos a la propiedad inmueble representan apenas el 0.45% de la recaudación tributaria total.