Datos para ordenar el territorio

A partir de la promulgación de la Ley No. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, la República Dominicana tiene el desafío de avanzar con determinación hacia la construcción de una sociedad más organizada, lo cual repercutirá en mejorar las condiciones de habitabilidad básica de la ciudadanía contribuyendo así al desarrollo endógeno de cada rincón del territorio nacional.

Uno de los desafíos claves en este proceso se encuentra en la ausencia de información confiable y actualizada del territorio que permita a los Ayuntamientos y las Juntas de Distrito Municipal con más de quince mil habitantes, a realizar su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) establecido en el Art. 23 de la norma recién aprobada. Evidencia de este planteamiento se encuentra en el diagnóstico rápido de los servicios catastrales en República Dominicana (2019) realizado bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Global Land Alliance.

Dicho estudio concluyo que existe un alto nivel de informalidad en el registro de las propiedades inmuebles, coexistiendo dos sistemas de registro de propiedades paralelos: el Registro de Títulos y la Conservaduría de Hipotecas; destacó que apenas una de cada cuatro propiedades está registrada en la Dirección General de Impuestos Internos, razón por la cual los impuestos a la propiedad inmueble representan apenas el 0.45% de la recaudación tributaria total.

De igual manera el diagnóstico resalta que la información geográfica está severamente desactualizada, con cobertura insuficiente y difícil accesibilidad; también precisa los problemas existentes sobre la fragmentación institucional de la gestión de la información geográfica, legal y fiscal, lo cual limita la colaboración entre las entidades y el intercambio de información.

Finalmente, el diagnóstico destaca que estos hallazgos dificultan los esfuerzos de diferentes niveles administrativos relacionados con el ordenamiento territorial, incluida la planificación urbana, la gestión de riesgos de desastres, la protección de los ecosistemas frágiles, el uso de los recursos naturales, y la conservación de las tierras agrícolas.

Con la finalidad de revertir esta situación se avanza en la conformación de un catastro multipropósito para la República Dominicana, a través de una Alianza intergubernamental entre el Gobierno Nacional, los Ayuntamientos y las Juntas de Distrito Municipal, el cual servirá para identificar los predios urbanos y rurales localizados en todo el territorio, de igual manera completar y actualizar el inventario de los inmuebles que son propiedad del Estado Dominicano y establecer una parrilla única para integrar toda la información correspondiente a cada predio.

Para estos fines se realiza un piloto del catastro multipropósito en el municipio de Pepillo Salcedo que permitirá poner a prueba el procedimiento diseñado por la Dirección General de Catastro Nacional para la conformación de este tipo herramienta, la cual cuenta con el acompañamiento del Ayuntamiento de Pepillo Salcedo y la Junta del Distrito Municipal de Santa María, al igual que el apoyo en la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Este catastro multipropósito marca un hito, el cual fomenta la interoperabilidad entre los dos niveles de gobierno y a la vez proporciona las bases para una efectiva planificación del uso de suelo.

Porque el ordenamiento del territorio no es un hecho fortuito que se deriva de una chepa o una casualidad, ni es producto de situaciones inesperadas que se presentan sin avisar; más bien el ordenamiento de cualquier territorio es el resultado de la triada conformada por la planificación, la participación y la concertación. En tal sentido, la conformación del catastro multipropósito en la República Dominicana es la primera piedra que proveerá la información necesaria para ordenar el territorio, garantizando así que la planificación de cada rincón de la geografía nacional cuente con altos niveles de seguridad técnico, institucional y jurídico.