Fijan audiencia a empleados del Poder Judicial de Santiago, presuntos falsificadores de documentos judiciales

Personas acusadas por el Ministerio Público por estafa / Fuente externa

Personas acusadas por el Ministerio Público por estafa / Fuente externa

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente fijó para este martes 28 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los empleados del Poder Judicial vinculados a una red de falsificación de documentos judiciales.

La medida de coerción fue solicitada contra los colaboradores Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Vázquez Pichardo, además, en contra de Ariel Antonio Bencosme Reyes, Eddy Alberto Franco y Francisco de Jesús Comprés Rodríguez.

De acuerdo a la Procuraduría, está red se prestaba “para mediante el cobro de altas sumas de dinero y a sabiendas de que se trataba de un proceso ilegal, procurar la libertad del imputado, falsificar documentos, incluyendo una sentencia y un contrato de fianza”.

Estos enfrentan cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado Dominicano.

Delitos

Según la Procuraduría, en la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público plantea que el imputado por delitos de estafa a través del cibercrimen, Jonathan Francisco Vásquez Ventura, quien guarda prisión preventiva, por la Operación Discovery, así como su padre el imputado Vásquez Pichardo, se asociaron con los demás miembros de esta red criminal.

Además, establecen que participaron activamente Comprés Rodríguez, vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, el imputado Bencosme Reyes, quien se desempeña como supervisor de Archivo Central del Poder Judicial en Santiago; así como el imputado Franco, mensajero del Poder Judicial.

El órgano judicial informó que esta presunta acción fraudulenta se pudo detectar a través del sistema de firma electrónica del Poder Judicial con el código QR con el que se valida la autenticidad de los documentos.

De acuerdo a la autoridad pública, al introducir el código QR se identificó que este correspondía a otra resolución.