Estados Unidos deplora los abusos e impunidad en el país

El gobierno de Estados Unidos informó que durante el año 2022 en la República Dominicana las fuerzas de seguridad cometieron abusos, incluidos homicidios, así como detenciones arbitrarias de ciudadanos y extranjeros y otros actos violentos.

En su Informe sobre Derechos Humanos, el Departamento de Estado dijo que hubo informes creíbles de “homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; trato o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de la policía y otros agentes del gobierno”.

Señala, además, que los ciudadanos tuvieron que soportar “condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; detención arbitraria; injerencia arbitraria en la privacidad; corrupción gubernamental grave; y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”.

Apunta que si bien el gobierno tomó medidas en algunos casos para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, “la aplicación incoherente e ineficaz de la ley a veces condujo a la impunidad”.

Sobre los crímenes y atropellos atribuidos a la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad del gobierno, se cita que “cometieron homicidios arbitrarios o ilegales de civiles”.

El informe cita que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que “al menos 170 personas fueron asesinadas por la Policía durante el año.

“Si bien la Oficina del Fiscal General procesó algunos casos de abuso policial de alto perfil, los representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no se denunciaron debido a la falta de fe del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía”, agrega el reporte de Estados Unidos.

Muertos en cárceles

Indica que aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y el abuso físico, hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno llevaron a cabo tales prácticas.

“De marzo a mayo, la muerte de tres personas —José Gregorio Custodio, Richard Báez y David de los Santos— mientras estaban bajo custodia policial reavivó el debate nacional sobre la reforma policial. Los policías implicados en los incidentes fueron suspendidos y entregados a la Fiscalía General para su enjuiciamiento. El Ministerio del Interior y Policía reconoció públicamente los casos y volvió a comprometerse a implementar iniciativas de reforma policial”, dice el informe.

Abusos contra haitianos

El informe del gobierno norteamericano se hizo eco de reportes de “asesinatos y muertes inexplicables que ocurrieron durante los operativos migratorios, que se expandieron significativamente en la segunda mitad del año”.

Dice que en noviembre, el diario Hoy informó sobre la muerte de una ciudadana haitiana, Delouise Estimable, mientras se encontraba bajo custodia de la Dirección Nacional de Migración (DGM).

“Los padres de la víctima alegaron que ella había sido golpeada por agentes de migración y encerrada en un camión de detención antes de su muerte. No hubo indicios de que la DGM investigara el caso o tomara medidas para responsabilizar a los oficiales de migración”, apunta el informe.

Recuerda que siete individuos, entre ellos tres militares, asesinaron a un ciudadano haitiano e incendiaron ocho viviendas en la vereda La Rosa del sector Majagual, en una zona montañosa del municipio Galván, provincia de Bahoruco.

Cita que en marzo, agentes de la DGM mataron a balazos a un joven haitiano en su casa e hirieron a otro durante un allanamiento en una urbanización de Las Matas de Farfán, provincia de San Juan , porque se sospechaba albergaba a inmigrantes haitianos indocumentados. El Movimiento de Trabajadores (MST) describió el operativo, y otros lanzados a lo largo del año por la DGM, “como plagados de arbitrariedades, robos y abusos por parte de las autoridades migratorias”.

El informe consigna que durante el pasado año, “no hubo informes de desapariciones por o en nombre de las autoridades gubernamentales”.

Torturas

El reporte recoge los informes de organizaciones de la sociedad civil y otros observadores que “expresaron su preocupación por el trato duro y, a menudo, degradante por parte de las autoridades migratorias de los migrantes haitianos indocumentados y apátridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detención y deportación de la DGM y en los centros de detención de la DGM, en particular sus instalaciones en Haina”.

“Estas preocupaciones incluían detenciones arbitrarias, abuso físico de detenidos, entradas a domicilio sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad, robo de pertenencias personales por parte de agentes de migración, niños que se mantienen en celdas con adultos, violencia sexual, acceso inadecuado a atención médica durante la deportación, deportación ilegal de niños no acompañados y madres embarazadas o lactantes, y otros tratos hostiles o abusivos”, habrían sido constatados.

Cita que en agosto el gobierno nombró un nuevo director general de la DGM, lo que según observadores internacionales y de la sociedad civil, “bajo el liderazgo del nuevo director general (Venancio Alcántara) continuaron las prácticas y conductas problemáticas de los agentes de la DGM”.

Indica que en septiembre, un ciudadano dominicano que fue detenido por funcionarios de migración bajo el supuesto de que era haitiano, denunció que los funcionarios de migración lo golpearon repetidamente para calmar sus protestas.

“Posteriormente, una organización aliada logró su liberación mientras se dirigía a la frontera para su deportación, pero fue detenido nuevamente en un puesto de control militar de camino a casa. Después de varios días, finalmente fue puesto en libertad gracias a la ayuda de un familiar y un abogado”, expresa el informe.

Agrega que en noviembre, “varios testigos informaron haber visto a funcionarios de migración golpeando a los detenidos con palos, incluidos dos ciudadanos haitianos que fueron golpeados tan brutalmente que quedaron inconscientes, al punto de requerir la intervención de profesionales médicos de emergencia”.

Revela que en otro incidente, “una ciudadana haitiana informó que fue golpeada durante su detención y luego arrojada de una camioneta en movimiento por funcionarios de migración como castigo por discutir con ellos. El incidente la dejó con heridas visibles en la cara que no fueron tratadas adecuadamente, lo que resultó en una infección”.

Aclara que el gobierno “no proporcionó ninguna prueba de que las denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte de funcionarios de migración fueran investigadas seriamente o de que el gobierno revisara sus prácticas de detención”.