Los inicios del caso Calamar: Interrogatorios a Donald Guerrero y autorizaciones judiciales

Para febrero de 2021, justo hace dos años y un mes, la procuradora general de la República, Miriam Germán, ya estaba dirigiendo una investigación que vinculaba al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios, de los cuales algunos han sido mencionados en la recién operación Calamar, destapada este fin de semana.

El 8 de febrero del mismo año, la Procuraduría General de la República dijo en un comunicado de prensa que Germán Brito encabezó un interrogatorio con el exministro Guerrero, quien era investigado por imputaciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, así como asociación de malhechores, coalición de funcionarios, corrupción administrativa, entre otras acusaciones.

En ese interrogatorio también participaron los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Un año y medio después, el 28 de agosto de 2022, Kenya Romero, jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó al PEPCA obtener un informe financiero para darle seguimiento a la investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.

Tal investigación mencionaba a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del Azúcar.

También al exadministrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mezquita; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuestos; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exmiembros de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que eran subordinadas a Hacienda.

Asimismo, fueron mencionados Ángel Lockward Mella y Ángel George Lockward Cruz por presuntamente “a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado Dominicano”.

Para tal entonces, la Procuraduría informó que la acusación se comenzó a investigar luego de que el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, denunciara irregularidades en los pagos a contratistas, que sobrepasaron 21,000 millones de pesos, durante la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020).

En los documentos de la Procuraduría se mencionaron contratos que presuntamente fueron suscritos por el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo y por el exadministrador del Banreservas, Simón Lizardo Mezquita, en su desempeño en ese entonces como administrador general del Banco de Reservas, en los cuales se acordó otorgar financiamiento de “obras prioritarias” a favor de contratistas y suplidores de Obras Públicas; sin embargo, no se mostraron evidencias de registros en la Contraloría General de la República (CGR).

Modus operandi, según Procuraduría

De acuerdo con la Procuraduría, Donald Guerrero, en su papel de ministro de Hacienda, daba instrucciones para realizar maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19, 653,871,513.80 por concepto de acuerdos transaccionales.

Hasta agosto del pasado año, la Procuraduría informó que habían logrado identificar que sustrajeron RD$17, 300,642,051.07, como parte de operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y la compra y venta de terrenos bajo la modalidad de presuntas deudas administrativas.

Para inicios de septiembre del 2022, Donald Guerrero defendió la legalidad del pago de las expropiaciones durante su gestión como ministro de Hacienda. La información se envió a través de un comunicado de prensa a través de su equipo de defensa legal.

“La totalidad de los pagos fueron realizados siguiendo estrictamente la normativa que para los mismos requería tanto el Ministerio de Hacienda como la Contraloría General de la República la cual validó, autorizó y despachó cada orden de pago a la Tesorería”, dijo en un comunicado el pasado año.

“Todos los terrenos fueron expropiados, sea por decreto y/o por mandato de la Ley 202-04, sobre Áreas Protegidas. Todos los herederos fueron pagados, con su debida constancia, y habían sido determinados –individualizados– con el cumplimiento de los procesos legales correspondientes: determinación de herederos o por sentencia de tribunal competente”, indicó.

Además, señaló que el informe emitido por la Unidad Antifraude de la Contraloría sobre el cual se erige la investigación, “no obedece a la verdad de los hechos, además de que no podría servir de fundamento para dictar una medida de instrucción, pues, constituye una flagrante violación al derecho de defensa, el derecho a ser escuchado, el derecho de acceso a la prueba, las garantías de contradicción, igualdad y transparencia”.

Como parte del comunicado también se refirió a que no podía haber justicia objetiva e independiente escuchando sólo a una de las partes.

Operación Calamar

La noche del sábado, el Ministerio Público realizó al menos 40 allanamientos entre el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

Los detenidos son el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández; Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.