Independencia judicial… sin transparencia

El Presidente Luís Abinader ha hecho de la independencia de la Justicia – que ya estaba constitucionalizada - su bandera de política de Estado, tanto en lo relativo al Poder Judicial, como al Ministerio Público; ha descuidado sin embargo, dos aspectos esenciales, el primero, que el órgano que ha preparado las auditorías depende de él, al igual que el de persecución y, segundo, ha olvidado garantizar la transparencia que es más importante que la independencia.

El PEPCA, a quien Contraloría -dirigida por el PRM- le entregó un documento en el 2021, denominado “Informe de Auditoria”, obtuvo con éste órdenes judiciales en contra de más de 200 personas hace 14 meses; previamente el Contralor le informó al Presidente un supuesto fraude por RD$ 12 mil millones en contratos por RD$ 14 mil y, éste, creyéndole, permitió darle curso en contra de gente del PLD y de particulares, porque parecía que de ahí se “financió” su campaña…, también parte de la del PRM. Pero no era dinero público sino de los propietarios.

Como la Constitución y las leyes 10-07 y 107-13 disponen que dicho acto administrativo debía ser comunicado previamente a los interesados, como parte del debido proceso y la audiencia previa, que además requiere de motivación, notificación e informe de las vías recursivas -nada de eso se hizo- desde entonces dije, que es falso, que estaba afectado de nulidad absoluta y, solicité la revisión obligatoria conforme a la Ley: Aunque todos sabían que era contentivo de falsedades a granel, no se concedió; esa fue una falta del Gobierno a las garantías constitucionales de un Estado de derecho.

Sometidos los recursos correspondientes por ante la jurisdicción administrativa, constitucionalmente competente, los auditores se defendieron diciendo que era “un acto interno, confidencial y de puro trámite”, el Contralor por su parte, al reiterar esos conceptos, añadió, que no lo vio, ni lo firmó, ni lo tramitó: Incluso, para que vieran que era cierto, demandó en intervención al PEPCA, quien según escribió entonces NUNCA debió utilizar dicho documento para fines judiciales. Luego, en un oficio apócrifo – que no subsana las nulidades de forma y de fondo – “admitió” que lo remitió, nada más: Con eso, aunque defectuoso, lo hace definitivo y procede, con más razón, su impugnación.

El pasado día 3, en ocasión de la novena audiencia de nulidad de dicho documento, el PEPCA, a quien ya el tribunal le rechazó el sobreseimiento en diciembre, sometió un escrito en que plantea que dicho documento “es de puro trámite” y que en consecuencia, el tribunal es incompetente: Es decir, que dicho órgano -a sabiendas- basado en un borrador ha perseguido, dictado medidas y logrado unas ocho órdenes judiciales en contra de personas físicas y morales. Eso ni en Uganda o Haití es aceptable.

Creo que en diciembre del 2021, el PEPCA no sabía que era un “borrador”, el Contralor si, el Presidente, tampoco: sólo querían la persecución a la Administración anterior; pero hoy, todos saben que se ha constituido en un fraude procesal y, en vez de corregirlo, cometen nuevas faltas y abusos para encubrirlo, pues, todas las propiedades pagadas existen, todas fueron declaradas de utilidad pública, todas están ocupadas por el Estado, ninguna había sido pagada y en todos los casos, el precio fue fijado por el tribunal o por mutuo acuerdo y, el artículo 51 ordena el pago.

Constituye un fraude a la verdad declarar que dicho “Informe” detectó una defraudación al Estado que ya se estima en unos RD$ 19,653,871.80, una cifra -irreal- puesta para asustar a los Jueces y al público en general. ¿Si es un borrador a trámite -como sostiene ahora el PEPCA-quién determinó esa cifra? Eso supondría que ninguna de las propiedades existe, lo que obviamente, no es cierto. Aparentemente, solo una está mal y, esa, no aparece en el Escrito del PEPCA de fecha 26 de enero del 2023, ni en los embargos u oposiciones.

Citan el caso de Violeta Jiménez Mota, fallecida, en nombre de quien firmó su hermano Ramón Jiménez Mota, autorizado por sus sobrinas únicas herederas de 27 mil metros, valorados en menos de RD$10 millones; el caso de Bernardino Mercedes -por supuesta exclusión de personas con vocación sucesoral-, heredero en los terrenos del AILA, de unos 11 metros valorados en RD$85 millones y, a quien sus otros 5 hermanos y sobrinos autorizaron a firmar y, tres casos más manejador por otras oficinas, como la zona marítima del Malecón, declarada parque por una Ley cuyos propietarios fueron desalojados y la Sucesión Palamara propietarios de los terrenos que ocupa el Merca Santo Domingo: Todo eso, además de estar bien, no suman, ni en sueños, esa estrambótica partida.

Entre las afirmaciones risibles que contiene el escrito del PEPCA, no sólo está la supuesta incompetencia del TSA para conocer de dicho acto que el PEPCA incorporó al ordenamiento positivo a través de su uso judicial y luego mediante el oficio de remisión, sino en particular que, por un lado afirman, que es un borrador y por el otro, que es una “evidencia de una investigación penal”… “es un informe de investigación o acto de mero trámite”.

Si doña Miriam German, un faro de luz como magistrada del orden judicial, hoy jefa de quien firma el Escrito hubiese sido Jueza Coordinadora de la Instrucción y le llevan algo así ¿Que habría hecho? Quizás lo mismo que la honorable magistrada Kenya Romero -una jueza honesta, trabajadora, preparada, recatada y dedicada a su trabajo-. Por la sencilla razón de que a ambas les han engañado diciéndoles que se trata de un documento definitivo, no de un borrador y, no es el único. Trabaron oposiciones y embargos sin autorización judicial y luego de meses, cuando fueron cuestionadas, las solicitaron como si fuesen a ponerlas ese día y, desde luego, sin informar a la Jueza, que era con base a un borrador.

En abierta desviación de poder, trabaron oposiciones a propiedades cuyas sentencias de pago corresponden a este Gobierno, tramitadas en esta administración, incluidas en la ley del pasado año y que no estaban, ni podían estar en el “Informe”, puesto que son créditos creados posteriormente: Para subsanar esas oposiciones sin orden judicial pasaron por debajo de la mesa, meses después una solicitud de autorización judicial. Es como buscar una orden judicial de allanamiento un año después de haberlo realizado.

Prueba de que los contratos que componen la supuesta defraudación -en sentido general los que conozco- son correctos lo demuestra el hecho de que mediante Oficio del 19 de julio del 2022, el responsable conforme a la Ley 1832 de solicitar la transferencia al Estado, el Director General de Bienes Nacionales, de este Gobierno, Cesar Cedeño, remitió al Director de Titulaciones, Mérido Torres, los expedientes para fines de transferencia al Estado: Para asombro de cualquier, el PEPCA, con el objeto de mantener una supuesta irregularidad, mediante Oficio No. 2353-2022 de fecha 5 de agosto del 2022, SE OPUSO, suplantando de paso la atribución calificadora que la Ley 108-05 dispone como competencia exclusiva del Registro de Títulos, funcionario que pertenece al Poder Judicial y no al Ejecutivo como el PEPCA.

Presidente, muchos le elegimos con el anhelo de que garantizara el Estado de derecho con las garantías en sede administrativa establecidas en la Constitución y en las leyes y, en sede judicial a través de la Procuraduría, por eso, aunque este enfoque me cueste la libertad, le animo a usted –que aún está a tiempo– y a doña Miriam, comprometida con la historia, a revisar estos procedimientos y controlar que sus subalternos actúen con “sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado como dispone nuestra Carta Política: ruego que indaguen ambos. No sigan permitiendo que las características judiciales de esta gestión sean, la aparatosidad, la falta de transparencia, la condena previa y la humillación a las personas.

No hace falta que me allanen, yo mismo me meto preso si lo que hoy escribo no es la verdad y, aunque como todos, temo al daño que puede hacerme el PODER sin control, ese sentimiento humano, no me impedirá advertirles por el bien de la democracia a quienes tienen la responsabilidad de darnos garantías.