Revelan complicidad en contratación de ilegales
Dato. El titular del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernandez, indicó que ese acto constituye “una actividad criminal de tráfico de migrantes”.
El Colegio de Abogados se refiere a la contratación de obreros haitianos, con estatus ilegal en el país, para labores en campos agrícolas y de la construcción.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció que existe complicidad entre autoridades civiles, militares y empresarios en la sustitución masiva de mano de obra local por obreros haitianos indocumentados en los sectores agrícolas y de la construcción.
El presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, indicó que esa complicidad se constituye en “una actividad criminal de tráfico ilegal de migrantes, sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas”.
“Con todo esto solo se busca favorecer a empresarios que emplean hasta el 80 por ciento de mano de obra indocumentada, bajo la pasiva complicidad de las autoridades” de Migración, el Ministerio de Trabajo y del Departamento de Trabajo”, afirmó Hernández.
El jurista recordó que el artículo 135 de la Ley 16-92; y los artículos 135, 144, 423, 424, 433 y 434 del Código de Trabajo, así como los artículos 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 121 de la Ley 285-04, de Migración, prohíben y sancionan no solo la contratación de extranjeros indocumentados, sino que castiga con penas de cárcel el beneficiarse del crimen de tráfico de personas.
Citó el caso de las empresas agrícolas y de la construcción que ejercen esa práctica en perjuicio de la mano de obra local, bajo la sombrilla de las autoridades civiles y militares en beneficio de los empresarios, lo cual podría generar que los países sean sancionados.
Pide sanciones
“Hemos emplazado legalmente al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General de Migración para que sometan a los empleadores, empresas de los sectores de la construcción, agrícola, turístico, zona franca y todas aquellas entidades y personas físicas y jurídicas, beneficiarias finales del crimen del tráfico ilícito de personas, disponiendo la ampliación del programa de deportación de todos los extranjeros residentes ilegales en nuestros país, bajo la advertencia de que se procederá a su formal sometimiento a la Justicia en amparo de cumplimiento contemplado en la Ley 137-11”, dijo el gremialista.
Surun Hernández alertó sobre la intención del Gobierno de continuar con el malogrado proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
El presidente del CARD también consideró como catastrófico que las autoridades pretendan someter nueva vez el proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, tomando en cuenta que existe la Ley 137-03, sobre el particular.
Advirtió que, además, “hay una sociedad que rechaza cualquier tentativa de destrucción de la identidad nacional”.