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Gobierno expone ideas para Ministerio de Justicia

Aclaró que el propósito del proyecto de Ley que sería introducido al Congreso Nacional, este 27 de febrero, es solo despojar al ministerio público y a la justicia de carácter administrativo

Antoliano Peralta( izq.), Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, habla sobre la propuesta. /Listín diario

Antoliano Peralta( izq.), Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, habla sobre la propuesta. /Listín diario

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Ramón Cruz BenzánSanto Domingo, RD

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, presentó ayer a los gremios empresariales la propuesta del Poder Ejecutivo sobre la creación de un Ministerio de Justicia, con el cual dijo se busca despojar tanto al ministerio público como al sistema judicial de cargas administrativas.

El jurista sostiene que el ministerio público y el Poder Judicial, al igual que el ejecutivo entienden que esto es una carga que ellos no pueden sobrellevar y que igualmente al alivianarla hacen la función del ministerio público más ligera y más eficaz.

Aclaró que el propósito del proyecto de Ley que sería introducido al Congreso Nacional, este 27 de febrero, es solo despojar al ministerio público y a la justicia de carácter administrativo y que no tiene nada que ver con lo jurisdiccional, ni con la función esencial del órgano acusador del Estado, que es investigar y perseguir el delito.

Antoliano Peralta dijo que por el contrario el ministerio público está conciente que si no tiene que manejar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIP), no tiene que registrar a las ONG y tampoco regentear al sistema penitenciario, eso le facilita más las tareas que debe cumplir.

Control

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo resaltó que la relación del anteproyecto del Ministerio de Justicia y la Reforma a la Constitución es que dentro de las funciones que ellos proponían era despojar al ministerio público de la formulación de la política contra el crimen en el país y de la administración del sistema penitenciario.

Expresó que la Constitución permite que el control del sistema penitenciario recaiga en un órgano distinto del ministerio público, pero no así la formulación de la política contra el crimen.