Jueza concluyó caso Cattleya y fijó para el lunes decisión de si envía a prisión a implicados
La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras concluir a las 2 de la madrugada de hoy el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el caso Cattleya, fijó para este lunes la lectura del fallo.
La magistrada kanya Romero dará a las 3 de la tarde a dar a conocer su decisión de si envía a prisión a los 21 implicados en el caso y de declarar el caso complejo como lo solicitó Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícitos de Migrantes y Tratas de Personas (Pett). La audiencia del fondo de la medida de coerción, inició a las 2:45 de la tarde de este viernes.
Previo el tribunal dispuso que el caso que involucra a la pareja de esposos Zaffiro Nataly Sánchez y Engel Nefthali Vargas y de Dionicio Mieses de la Cruz (Alias Dionis), fuera conocido por separado de los demás encartados de formar parte de una red de trata de mujeres que las explotaba sexualmente.
Esto debido a que el ministerio público depositó dos instancias distintas para los últimos 3 imputados, por lo que considero que fusionar ambos expedientes implicaba otro aplazamiento para notificarles a todos las instancias distintas, para no lesionar derechos fundamentales.
En la audiencia, participó un intérprete francés del Poder Judicial, para traducir a 4 de los imputados.
En el caso figuran además como acusados José Miguel Michel Guridis (a) Michel, Daniel Enrique Inirio Abreu (a) Daniel y a José Alberto Soriano Rosario (a) Cirujano, supuestos líderes de esta red.
Igualmente, son imputados Oscar Wicene, Melvin Valentía Peguero, Cristina González Hernández, María Murillo Vargas, Louis Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinsk, Robert Lee Paniagua Díaz, Angélica Quintero, Marie Fokina Achille. Como también Alejandro Arturo Batista Bustamante (a) El Gato, Ramón Altagracia Oviedo Castillo y Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz.
De acuerdo a las investigaciones, la red de trata que explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica tenía aproximadamente un año operando en el país, tiempo en el cual obtuvieron grandes beneficios económicos, al raptarlas, prostituirlas y tomarse todo el dinero producto de las actividades sexuales.
Los imputados, junto a otros arrestados, tenían bajo su control a unas 80 víctimas, ha establecido el Ministerio Público, a quienes, según indican, se les mantenían raptadas y les obligaban a prostituirse y no obstante a eso, se le quitaba todo el dinero obtenido por la actividad sexual a las que estaban siendo sometidas.
Precisan que los tratantes captan a jóvenes de entre 18 y 23 años en Colombia y Venezuela con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, hacían todos los trámites para traerlas al país y las hospedaban en hoteles pocos conocidos en los cuales las mantenían encerradas, y solo las sacaban para llevarlas a los lugares solicitados por los clientes.