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La República sábado, 06 de agosto de 2022

Abogado de coronela del Canódromo dice acusación de la fiscalía no tiene sustento legal

Considera que el incidente ocurrido concierne a un conflicto entre autoridades o funcionarios públicos con categoría constitucional

  • Abogado de coronela del Canódromo dice acusación de la fiscalía no tiene sustento legal

    Coronela del Canódromo Ysabelita de los Santos. Foto: Raúl Asencio / LD

Wanda Méndez
Santo Domingo, RD

El abogado Bunel Ramírez sostiene que la acusación presentada por la fiscalía del Distrito Nacional en contra de la exencargada del centro de retención de vehículos El Canodromo, coronela Ysabelita de los Santos, no tiene sustento legal.

Considera que el incidente ocurrido concierne a un conflicto entre autoridades o funcionarios públicos con categoría constitucional.

“Cuando se dilucide el caso se sabrá que por parte del Defensor del Pueblo hubo ultraje contra la coronel (a) y sus subalternos, conforme al artículo 224 del Código Penal”, dijo el abogado al reaccionar sobre la acusación depositada ayer por la fiscalía.

Indicó, además, que presentará como primer testigo de descargo en favor de su cliente al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, pues sostiene que “sus propias declaraciones demostrarán que él provocó el incidente”.

Este viernes, la Fiscalía del Distrito Nacional depositó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra siete implicados en la agresión en el Canódromo a integrantes de una comisión encabezada por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, así como a miembros de la prensa, en abril pasado.

En la instancia, la fiscalía solicita apertura a juicio contra Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.

Establece que los imputados agredieron a las víctimas, tanto de manera física como verbal.

El Defensor del Pueblo acudió al centro junto a personal de la institución que dirige y representantes de los medios de comunicación para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.

Establece que cuando las víctimas se disponían a entrar a las oficinas de administración del Centro de Retención Vehicular, el imputado Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín diario y al fotógrafo de la Defensor del Pueblo, a quienes además agredió físicamente.

Agrega, que luego, agredió físicamente a Pablo Ulloa, golpeándolo en la espalda y empujándolo agresivamente, causándole lesiones físicas curables de uno a diez días, según certificado médico legal.