PGR: Acusados en Medusa proveían alimentos “podridos” a las cárceles y se adjudicaban contratos millonarios
Con el conocimiento y la “omisión deliberada” de Jean Alain, Santos de la Cruz entregó a las distintas cárceles alimentos “incompletos, podridos, pestilentes y con gusanos”, es decir, no aptos para el consumo humano
La lista de acusados en el caso Medusa contiene más de 40 nombres a los que se les imputan delitos que van desde la asociación de malhechores, sobornos, estafa contra el Estado hasta incumplimientos de contratos y lavado de activos.
A Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz se le acusa de haber realizado maniobras fraudulentas en el suministro de alimentos a los recintos penitenciarios en coautoría con otros implicados a través de la empresa Inversiones Zwaziland SRL., una de las compañías suplidoras de la Procuraduría durante la gestión de Jean Alain Rodríguez y en la cual también figura como único dueño.
Además, se le acusa de estafa contra el Estado mediante la violación continua de los contratos que sostuvo con el ex procurador, incumpliendo términos como “la cantidad de entregas, objeto a entregar, y disminución de la calidad de los productos contratados” para obtener beneficios económicos a su favor.
Con el conocimiento y la “omisión deliberada” de Jean Alain, Santos de la Cruz entregó a las distintas cárceles alimentos “incompletos, podridos, pestilentes y con gusanos”, es decir, no aptos para el consumo humano, violentando las normas de salubridad y poniendo en riesgo a los internos y al personal que labora en los recintos penitenciarios.
Según el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, esta misma acción fue realizada por los imputados Hilda Cristina Jackson Mallol, Juan Asael Martínez Pimentel, Giselle del Carmen Molano Frías, Francisco Arturo Santos Gómez, Rossanna Vianela Pimentel de Martínez, Fausto José Cáceres Salterio y Daniel Enrique Vásquez Feliz desde otras empresas.
Así como por Francisco Alberto Vásquez Feliz, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbott Brugal y Rafael Salvador Rasuk Sánchez.
Este grupo y sus empresas se adjudicaron en contratos más de RD$ 1,600 millones para suministrar alimentos a los centros penitenciarios.
Acusación
A los imputados mencionados se les hace responsables de haber recibido pagos de sumas millonarias por alimentos que nunca se entregaron a las cárceles.
También son señalados por haber falsificado firmas y sellos de los conduces con los que se sustentaron esos pagos por concepto de entrega de alimentos, haber alterado los procesos de compra e incurrir en lavado de dinero.
De acuerdo con la acusación del órgano persecutor, este grupo pertenecía al círculo de confianza de los implicados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jakson y Rolando Rafael Sebelén Torres, este último cuñado de Jean Alain.
Aprovechándose de eso, el Ministerio Público indica que manipularon los procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos para los centros penitenciarios con el fin de estafar al Estado y contribuir al enriquecimiento ilegal del ex procurador.
Más imputados
José Luis Liriano Adames
Al imputado José Luis Liriano Adames, quien figura como gerente y máximo accionista de Lirtec SRL. se le acusa de asociación de malhechores por presuntamente haber facilitado y transferido activos a través de maniobras fraudulentas con el objetivo de ocultar su verdadero origen.
Según el MP, también intentó ocultar además el nombre del verdadero beneficiario, Javier Antonio Forteza Ibarra, también imputado.
Sean Hudson Dwiggins
El ciudadano estadounidense Sean Hudson Dwiggins figura como gerente de la empresa Smart Logistics Internacional, S.R.L, compañía contratada por Jean Alain Rodríguez para preparar la propuesta técnica a ser utilizada en la licitación del Plan de Humanización seis meses antes de realizarse la misma.
Según el expediente, Dwiggins pagó elevados sobornos para poder adjudicarse el suplemento de equipos de seguridad en las principales cárceles por un monto contratado por más de 348 millones de pesos.
Ricardo Antonio Carrasquero Frias
El imputado Ricardo Antonio Carrasquero Frías, a través de su empresa Constructora Carrasquero, realizó varios pagos de sobornos de hasta RD$700,000 para resultar adjudicado en el contrato de consultoría para supervisión de la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de la Nueva Victoria
El contrato fue firmado por un monto que sobrepasa los trece millones de pesos.
José Antonio Santana Julián y Felipe Armando Fernández De Castro Asencio
José Antonio Santana Julián es señalado por asociación de malhechores y sobornos por haber realizado pagos del 20% de la obra en su calidad de gerente y socio de Abastesa SAS y Constructora Integrada, S.A.S.
A Felipe Armando Fernández, el otro gerente de Abastesa SAS, se le acusa de haber cometido la misma acción. Ambos mediante la intermediación de Georgina Pimentel Alonzo.
Lisandro José Macarrulla Martínez
Según el expediente elaborado por el Ministerio Público, a Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, se le acusa del estafar al Estado por más de 17 millones de pesos.
La acusación dicta que en su calidad de gerente de la entidad comercial MAC Construcciones SRL, Macarrulla Martínez se asoció con funcionarios de la Procuraduría para realizar el desfalco y de realizar pagos de sobornos a Rafael Stefano Cano Socco para que este, a su vez, se lo entregara a Jean Alain.
Cesarion Morel Grullón
La imputación del caso Medusa indica que el implicado Cesarion Morel Grullón, dueño de la Constructora Morel Grullón y Asociados, se asoció con la acusada Jenny Marte para ser beneficiado con la construcción y rehabilitación de la Cárcel de San Luis.
Asimismo, se acota que el acusado realizó pagos de sobornos exorbitantes para poder adjudicarse la obra.
Ismael Elías de Jesús De Peña Tactuk
De acuerdo con el documento depositado por el Ministerio Público, el acusado Ismael Elías de Jesús De Peña Tactuk realizó pago de sobornos tras haber ganado la licitación dentro del Plan de Humanización en el lote 12 de Barahona.
El expediente dicta que estos pagos fueron realizados con la ayuda intermediaria de Rolando Rafael Sebelén Torres, cuñado del ex procurador Jean Alain Rodríguez.