¿Qué dice el contrato entre el Gobierno dominicano y AstraZeneca sobre reclamaciones?

A pesar de las quejas del presidente de la República, Luis Abinader, sobre el contrato que firmó su Gobierno con la farmacéutica AstraZeneca, para suplir el país de vacunas anticovid, estas serían invalidadas por el mismo acuerdo.

Esto se debe a que en el apartado 14.1 del referido documento, al que LISTÍN DIARIO tuvo acceso, se estipula que el país renuncia al derecho de reclamarle a la compañía en cuestión por retrasos en la entrega de las dosis.

“El comprador (República Dominicana) renuncia a y libera cualquier reclamación en contra de AstraZeneca que surja de o tenga relación con… retrasos a la entrega de la vacuna conforme al contrato”, lee parte del texto.

Dicho numeral igualmente exime de responsabilidades a AstraZeneca en caso de que la vacuna no sea eficaz o segura; si las condiciones de almacenamiento o transporte no son adecuadas, o si no exista una técnica apropiada en el punto de administración de la inoculación.

Asimismo, de acuerdo con el contenido del contrato, el Gobierno dominicano deberá pagar a totalidad el monto acordado: 40 millones de dólares, a razón del precio pactado de US$4 por cada dosis.

Así lo establece el apéndice sobre el método de pago, donde se indica que el Estado deberá cubrir el precio total en tres pagos parciales.

El primero fue un desembolso del 20% del monto total (unos 8 millones de dólares) en la fecha de entrada en vigor del contrato, que ocurrió cuando el Congreso Nacional aprobó la compra en noviembre del 2020.

Otro pago de 40% (US$16 millones) cuando la vacuna fue aprobada por las autoridades sanitarias. Esto pasó a finales de diciembre de ese mismo año, cuando fue acogida por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) del Ministerio de Salud Pública.

Finalmente, dinero restante debió haber sido realizado cuando fue confirmada la fecha de la primera entrega de las vacunas, puesto que este lote de 478,000 dosis llegó a República Dominicana en junio de 2021.

En cuanto al tiempo en que debieron ser pagadas, el contrato indicó que “todos los pagos conforme al contrato serán pagaderos en el curso de los 30 días posteriores a la fecha de la factura”.

Cancelación

Si el Gobierno decide cancelar el contrato con AstraZeneca, de cualquier forma estaría en la obligación de realizar los pagos, puesto que el contrato contempla que una serie de estipulaciones se mantendrán en efecto, y entre ellas está las referentes al método de pago.

Retrasos

Aunque el contrato especificaba que las 10 millones de vacunas sería entregadas en el semestre del 2021 comprendido entre los meses de marzo y octubre, estas inoculaciones nunca fueron enviadas en cumplimiento con este calendario, y tampoco se ha completado el pedido.

¿Qué pasa si el Gobierno no acepta las dosis faltantes?

Por su parte, Abinader insiste en que no recibirá las vacunas de AstraZeneca si llegan en momento inapropiado para el país, amenazando con llevar a esta compañía a un arbitraje internacional.

“Yo lo que no voy a permitir es que se afecte el interés nacional aceptando vacunas que después nosotros no podamos utilizarlas y ya el Gabinete de Salud se lo ha informado: o ellos no las entregan en la medida que las necesitemos o habrá arbitraje e iremos a la justicia”, manifestó el mandatario.

Sin embargo, la compañía también se blindó en el contrato para este tipo de situaciones, con una parte del pacto indicando de que, si el país se reúsa a aceptar el envío, o almacenarlo, luego de cinco días AstraZeneca podrá revenderlas a un tercero, o en su defecto, destruirlas.

“En la medida que el Comprador no haya aceptado el envío de esas dosis al final del periodo de 5 (cinco) días hábiles y cualquier parte no acepte el almacenamiento continuo de AstraZeneca de las dosis a costo total del comprador, AstraZeneca podrá destruirlas a costo total del comprador (República Dominicana) o venderlas a algún tercero”, leía parte del documento.

En adición, este párrafo continúa, señalando que el Estado tendría que reembolsarle a la farmacéutica por gastos de almacenamiento, distribución y destrucción de las vacunas, en un plazo que no supere los 30 días, siempre que sean proporcionados facturas comprobantes del costo de estas acciones.

¿Cambio de opinión?

Esta posición del Gobierno representaría un cambio con respecto a este tema, ya que hace un año la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció que no estaban contemplando demandar a AstraZeneca por los retrasos en la entrega.

"Esos contratos están firmados y deben ser cumplidos por esas farmacéuticas, nosotros tenemos, a través de los que es la consultoría de la República Dominicana, todos esos contratos están en sus manos y se le está dando el seguimiento debido", dijo en aquel entonces.