Familiares protestan exigiendo libertad de detenidos en Operación Iguana

Familiares protestaron en las afueras del Juzgado de la Instrucción del Palacio de Justicia de Jimaní, en la provincia Independencia, para que sean liberados los acusados en la Operación Iguana, mientras se le conocía la medida de coerción.

Decenas de allegados se trasladaron hasta el Palacio de Justicia con pacartas y consignas, como muestras de solidaridad con los detenidos.

Portando cartulinas, en las que se leían los nombres de los acusados, los manifestantes vociferaban consignas a favor de los involucrados en el tráfico ilegal de inmigrantes.

“Tiene dos niños, una familia, es un hombre trabajador, queremos justicia para Joan, Delson, Kelinton y los demás", expresó Enny Nathali Pérez Batista, esposa del acusado Joan Rosario.

Mientras que Diana Méndez, hija del coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración) pidió, además de justicia, que el presidente Luis Abinader interviniera para que busquen a los verdaderos culpables.

"Mi papá lo único que ha hecho es servirle al pueblo de Jimaní y al pueblo de Pedernales, con todos sus compañeros”, dijo Méndez.

La joven describió a su padre como “un hombre humilde, servidor desde que nació, lleno de valores”, pero ahora “quieren acusarlo de algo que no cometió".

Aplazan audiencia

El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, aplazó la medida de coerción contra los siete implicados en el caso Iguana para las 10:00 de la mañana del próximo miércoles 30 de marzo, con el fin de que la defensa de los acusados tenga más tiempo de conocer el expediente.

El Ministerio Público solicitó que se imponga prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).

Al grupo se les acusa de la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos, el tráfico ilícito de migrantes, delitos asociados a la corrupción administrativa, así como también delitos de secuestro, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos que ya se han establecido en la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público ha presentado en contra de los imputados.

Investigaciones Operación Iguana

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), bajo la dirección de la procuradora general de corte Yoanna Bejarán, puso en marcha el pasado 16 de marzo la Operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve allanamientos practicados en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.

Las pesquisas llevaron al arresto de los involucrados y a la ocupación de evidencias que incluyen siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros, Fab 92.

El Ministerio Público solicitó la imposición de medida de coerción en contra de los imputados, a través de la PETT, la Pepca y la Procuraduría Regional de Barahona.