Fundación impugna medida de aumento de la tarifa eléctrica

Plantea que medidas cautelares solicitadas no afectarían el interés público sino que garantizaría el fiel cumplimiento de las leyes.

Abogados aseguran solicitud implica un servicio público de suministro eléctrico más accesible y universal. ARCHIVO

Abogados aseguran solicitud implica un servicio público de suministro eléctrico más accesible y universal. ARCHIVO

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Wanda MéndezSanto Domingo, RD

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) im­pugnó ante el Tribunal Superior Administrati­vo (TSA) las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad que disponen un incremento en la tarifa de la energía eléctrica.

La entidad interpuso una solicitud de medida cautelar, mediante la cual procura se ordene la sus­pensión inmediata de la ejecución de esas resolu­ciones hasta que sea co­nocido un recurso contencioso administrativo que también presentó, que per­sigue la nulidad de los actos y cualquier otro que tenga conexidad.

Fueron impugnadas la resolución SIE-087-2021-TF, dictada el 9 de sep­tiembre, la resolución SIE-075-2021-TF, del 3 de septiembre y la resolución SIE-093-2021 -TF, del 27 de octubre, emitidas en base al Pacto Nacional para la Re­forma del Sector Eléctrico.

Solicita al TSA, en la me­dida cautelar, ordenar “el inmediato cese de cual­quier incremento en la ta­rifa eléctrica a facturar por suministro eléctrico a los usuarios del Servicio Públi­co de Distribución de Elec­tricidad, así como también el inmediato cese de la exi­gibilidad o cobro de dicho incremento por parte de las empresas distribuido­ras de electricidad del Sur, (EDESUR), del Este, S. A. (EDEESTE) y del Norte, (EDENORTE), realizados bajo el amparo de las Reso­luciones SIE indicadas”.

Las instancias fueron de­positadas ayer por la Funda­ción Justicia y Transparen­cia, a través de los abogados Trajano Vidal Potentini, Henry Misael Adames Batis­ta, Cesar Noboa Valenzuela y Juan Tomás García Díaz, quienes piden condenar a la Superintendencia de Elec­tricidad al pago de una as­treinte de RD$10 millones por cada día de retraso en la suspensión de la ejecución que sea ordenada por el tri­bunal, en favor de los de­mandantes.

SEPA MÁS Consideran hay exceso de poder Resolución Aseguran que esa institución realiza actuaciones que violan de manera flagrante disposiciones constitucionales, y desplaza la legislación vigente, como la Ley General de Electricidad 125-01.