Las razones detrás de la decisión de Kenya Romero contra imputados de Medusa
ROMERO IMPUSO MEDIDA DE COERCIÓN DE 18 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA AL EXPROCURADOR DE LA REPÚBLICA JEAN ALAIN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Foto de archivo.
La jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción y coordinadora de la Oficina de Atención Permanente, Kenya Romero, dictó este martes medida de coerción a los imputados en la Operación Medusa y declaró el proceso como complejo tras varios días de audiencia.
A su conclusión, Romero impuso medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva al exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Alfredo Alexander Solano Augusto.
Las motivaciones de forma oral que tuvo la jueza para dictar la medida preventiva a Rodríguez se basaron en los parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso, debido al alto perfil de la función institucional que anteriormente este desempeñaba como funcionario público.
Según la magistrada, de tales funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba”, por lo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar en estado de latencia las facilidades para sustraerse del proceso de cara al contexto planteado.
En el caso de Forteza Ibarra, “se desprende riesgo para los medios de prueba vinculados a su expertiz de técnico en el área de tecnologías de la información”.
Respecto a los demás privados de libertad en la medida de coerción, la jueza motiva que estos poseen las facilidades de sustraerse del proceso, situación que pondría en riesgo los medios de pruebas durante el desarrollo del mismo.
Asimismo, Romero dictó prisión domiciliaria de manera preventiva a Rafael Antonio Mercedes Marte, así como a Altagracia Guillen Calzado y Jenny Marte, alegando que no representan un riesgo en la investigación o los medios de prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible se puedan presentar al proceso sujetos a una medida distinta a la solicitada.
En cuanto a Miguel José Moya, la jueza dictó garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica por este ser una persona identificable en los registros públicos y no representar una obstaculización de los medios de prueba.