Jean Alain se habría valido de empleados para que se emitiera cheque por más de RD$ 34 MM
Jean Alain Rodríguez. Fotógrafo: José Alberto Maldonado.
A menos de siete días de cesar sus funciones de procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez se colisionó con dos funcionarios de la PGR para que emitiera un cheque el 13 de agosto de 2020, desde la cuenta de Lavados de Activos de la entidad, según consta en la solicitud de allanamiento autorizada por un tribunal.
En el mismo documento se detalla que el cheque emitido fue por 34 millones 522 mil 364.30 pesos, en combinación con Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martín Rosas Llanes, director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del MP.
Según la instancia del Ministerio Público y firmada por un tribunal, el cheque se hizo a favor de la empresa Fire Control Systems, bajo el supuesto de reembolso de gastos por penalidad incurridos por la referida empresa, por remodelación, terminación y costos asociados de un inmueble ubicado en Bella Vista, Distrito Nacional.
De acuerdo al documento, la relación entre la PGR y Fire Control Systems nace a raíz del inmueble ubicado en Bella Vista, que está a nombre del Estado Dominicano tras el decomiso de los bienes de Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Para la emisión del cheque, detalla el documento, incurrieron en las maniobras fraudulentas siguientes: alteración, la cual consta de supresión y suplantación de del contrato original de acuerdo a custodia y operación de bien inmueble, el 31 de octubre de 2019, "el cual consta de seis páginas debidamente rubricadas por la PGR representada por Alejandro Rosa Llanes y Jonnathan Rodríguez Imbert y Fire Control Systems, representada por Héctor Antonio Germán Doñé".
El acuerdo para la ocupación de este inmueble contempló que la empresa Fire Control Systems recibía la residencia con la finalidad de utilizarlo en calidad de custodia solo para uso exclusivo de vivienda. No podía darle otro uso, ni alquilarlo ni cederlo sin el consentimiento de la primera parte (que era la PGR).
También estipulaba un pago de la empresa de 25 mil pesos al mes. Las partes pactaron el acuerdo para cuatro años, es decir: del 31 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2023. También estipulaba que la PGR podría terminar el acuerdo con el único requisito de avisar con 30 días de anticipación.
Para el cheque se sustentaron, de acuerdo a la solicitud, a las siguientes justificaciones: el cinco de marzo de 2020, Alejandro Rosa, director de Custodia y Administración de Bienes Incautados, envió una comunicación a la empresa para que entregara el inmueble a más tardar el cinco de abril, bajo el alegato de que sería puesto en venta mediante subasta, “algo que nunca ocurrió”.
Comunicación del 24 de marzo de 2020 mediante la cual la empresa pidió que por concepto de remodelación les fueran pagados los más de 34 millones de pesos, que supuestamente había incurrido en esos afectos; gastos de remodelación de la propiedad.
Un informe realizado por Alejandro Llanes en abril de 2020, dirigido a Jean Alain, sobre recomendación a autorización del pago de penalidad por terminación anticipada del acuerdo.
Detenidos
La PGR tiene la autorización de allanar a 18 personas.
Además de Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, están arrestados Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.
Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.
Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonnathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputadas de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
