Altos mandos militares ante la sombra de la justicia por corrupción

El pasado fin de se­mana la Procura­duría Especializada de Persecución de la Corrupción Ad­ministrativa (PEPCA) realizó una serie de allanamientos, co­mo parte de su Operación Coral, apresando a seis personas, en­tre ellos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Da­nilo Medina.

Cáceres fue acusado por el Ministerio Público de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lava­do de activos, además también se le acusa de formar un entra­mado militar-policial, societario y religioso del cual forma parte la pastora Rossy Guzmán. El Mi­nisterio Público solicitó un año de prisión preventiva como me­dida de coerción tanto para Cá­ceres como para los otros cinco implicados.

El jefe de seguridad del expre­sidente Medina no es el primero con un alto rango policial o mi­litar que haya tenido que pasar por los tribunales del país, por acusaciones de corrupción ad­ministrativa.

Manuel Cuervo Gómez Uno de los primeros en desfilar ante la justicia, en la historia re­ciente, fue el jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, Manuel Cuervo Gómez, quien fue con­denado a 20 años de prisión en 1991 por desfalco contra el Es­tado y otros actos de corrupción, luego de enramar junto al enton­ces presidente compras irregula­res en el Ejército dominicano.

Por ese mismo caso fueron condenados por desfalco y pre­varicación Jorge Blanco, Leonel Almonte y Juan Thomás Peña. José Michelén, que fue director de Inespre, y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Na­cional, huyeron del país tam­bién por acusaciones de corrup­ción. Cuervo Gómez falleció en el 2012.

“Pepe Goico” Otro que pasó por el banquillo de los acusados fue el exgeneral Pedro Julio Goico Guerrero (Pe­pe Goico), quien fungía como asistente de seguridad personal del expresidente Hipólito Mejía.

Goico fue acusado de reci­bir dinero del exnarcotraficante Quirino Ernesto Paulino. La Fis­calía estableció que Quirino en­tregó al imputado US$600,000 para saldar un helicóptero, de­jando una vinculación directa con una operación de lavado.

Caso Tucanos El más reciente de los casos in­volucra a dos altos rangos mili­tares.

El mayor general retirado y exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coro­nel y exdirector de proyectos es­peciales de la Fuerza Aérea Do­minicana (FAD), Carlos Piccini Núñez, fueron enviados a juicio de fondo en marzo de este año, acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribui­dos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como suplidora de ocho aviones Super Tucano para el Ministerio de Defensa duran­te el 2010.

SEPA MÁS Otros escándalos Actuaciones “ilícitas” duran­te operativos de combate con­tra el narcotráfico, también han hecho que las autoridades uniformadas sean juzgadas por tribunales ordinarios.

Uno de los más recientes fue el ocurrido a inicios del 2015 en la provincia Puerto Plata, cuando el entonces jefe de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), Carlos Fernández Valerio, fue acusado junto a varios de sus agentes de no reportar la des­aparición de 1,200 kilos de co­caína incautados en diferentes operativos.

Fernández Valerio fue cance­lado y sometido a la justicia por el caso en donde varios fiscales fueron señalados co­mo cómplices.

La división de persecución de sustancias ilícitas del cuerpo del orden siempre ha estado invo­lucrada en escándalos, desde el 1982, cuando el director del en­tonces Departamento de Dro­gas Narcóticas y Peligrosas de la Policía, el coronel Aridio Des­cartes Pérez y otros cinco agen­tes de la institución fueron acu­sados de “distraer” 40 libras de marihuana y una cantidad in­determinada de cocaína.

Ambos fueron cancelados y sometidos ante la justicia an­tes de ser liberados por falta de pruebas.

Quizás el escándalo más gran­de que haya involucrado perso­nal policial o militar fue el ocu­rrido en la comunidad de Pa­ya, en Baní, en agosto del 2008, cuando varios agentes de la Po­licía Nacional y la Armada (en­tonces Marina de Guerra) ase­sinaron a siete extranjeros vin­culados al narcotráfico para quitarles la droga que transpor­taban y el dinero que llevaban.

Por el caso fueron condenados un total de 25 personas, entre ellos los entonces capitanes de fragata Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo, el ex­capitán de corbeta Roberto Au­gusto Peña Valdez y los exte­nientes de navío Jesús Sánchez Piña, Jorge Luis Chalas Jorge y Edward Mayobanex Rodríguez Montero, además del ex alférez de navío Andrés Tapia Balbue­na y el sargento Antonio Ma­nuel Roche Pineda.

El exmayor de la Policía Nacio­nal, Frederick Medina Abud, a pesar de que fue el único iden­tificado por los sobrevivientes, fue dejado fuera del expedien­te judicial.