Modifican sentencia al propietario de Doll’s House y lo condena a 15 años de prisión

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional favoreció el recurso de apelación presentado por la parte querellante Misión Internacional de Justicia (IJM por sus siglas en inglés) contra el imputado y propietario del club nocturno Doll’s House, Rafael Elías Alcántara Casado, penado por trata de personas y explotación sexual.

Rafael Alcántara fue condenado el 29 de julio de 2019 a seis años de prisión, siendo acusado como el principal cabecilla de la red criminal que operaba en el club nocturno Doll’s House.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, emitieron la sentencia de primer grado esta ordenaba que el acusado cumpliera 6 años de prisión en cárcel de La Victoria, pero inconformes con dicha decisión, tanto el imputado como IJM presentaron recursos de apelación, siendo rechazado el recurso interpuesto por el imputado y acogido el de la querellante.

El recurso de las demandantes se basó en la ‘‘contradicción manifiesta en la motivación de la sentencia y la inobservancia a la ley o errónea aplicación de una norma jurídica’’, según plantea Sonia Hernández, Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia.

Asimismo, la corte determinó que el acusado realizó graves violaciones a los derechos humanos, donde degradaba a seres humanos a simples monedas y se lucró económicamente a través de esta red.

Hernández agregó que: “la anterior sentencia violentaba la ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que plantea una pena mínima de 15 años de cárcel a quien cometa este delito y el tribunal, deliberadamente, lo condenó a seis años’’.

La sentencia emitida el 29 de enero del 2021 le imputa la captación, reclutamiento, contratación, traslado, transporte y acogida de mujeres extranjeras en condición de vulnerabilidad especialmente provenientes de Colombia, Venezuela, Ucrania, Perú, Estados Unidos, España, Brasil, Rusia y de la República de Bielorrusia, a las cuales explotaba sexualmente.

Según las acusaciones presentadas al tribunal, una vez las mujeres llegaban al país, permanecían en una casa ubicada en la calle Belisario Curie, en el sector Los Restauradores del Distrito Nacional, desde donde eran llevadas diariamente al Doll’s House en la George Washington a realizar bailes eróticos y sostener relaciones sexuales con los clientes.

Alcántara tenía en su poder y suministraba a sus empleados armas para mantener el control de las propiedades que se encontraban bajo el control y dominio del grupo delictivo. Las mujeres no eran quienes recibían el dinero, sino que los pagos se hacían con tarjeta de crédito internacional y los fondos se dirigían a una cuenta de Elías Alcántara, en Estados Unidos.

‘‘En representación de los derechos humanos de las víctimas aplaudimos la nueva sentencia de la corte por aplicar correctamente la ley. Esto da un mensaje a los tratantes de que este crimen no se tolerará ni quedará impune’, citó la Misión Internacional.

Misión Internacional de Justicia fue la parte querellante que defendió a las víctimas, y con su recurso ‘‘mostró a la corte la violación de la ley, al no ser aplicada de forma correcta y presentó al tribunal la posibilidad de modificar la condena para hacer justicia a los más vulnerables’’, detalla la litigante Hernández.

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¿Qué es Misión Internacional de Justicia?

Misión Internacional de Justicia es una institución de derechos humanos con más de 20 años de trabajo, cuyo objetivo es proteger de la violencia a las personas en estado de pobreza mediante el rescate de?víctimas, llevar los criminales ante la justicia, restaurar sobrevivientes y cooperar con las autoridades para el fortalecimiento del sistema público de justicia.

En la República Dominicana?se encuentra operando desde el año 2013, uniendo esfuerzos con las instituciones del Gobierno y de la sociedad civil en la lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y otros delitos vinculantes.