“El que no quiera rendir cuentas que no acepte un cargo público”

El ministerio público conti­nuó ayer con las investiga­ciones a los miembros de la Cámara de Cuentas por obstrucción de la justicia, al considerar que han en­torpecido las indagatorias que realiza sobre corrup­ción en instituciones públi­cas.

Ayer fue interrogada la integrante de la Cámara de Cuentas, Margarita Me­lenciano Corporán, 11 días después de que acudiera a la PGR, con la misma fina­lidad, el presidente del ór­gano de fiscalización del Estado, Hugo Álvarez Pé­rez y el secretario Carlos Tejada Díaz.

Melenciano Corporán dijo a la llegada a la sede de la PGR, que como fun­cionaria pública está obli­gada a rendir cuentas.

“El que no quiera ren­dir cuentas que no acep­te un cargo Público”, en­fatizó.

Sobre el motivo de la ci­tación, dijo que a quien le corresponde responder en torno a los señalamientos de la obstrucción de la jus­ticia es al vocero oficial de la Cámara de Cuentas, que es su presidente Alvarez Pérez.

Melenciano Corporán reiteró su posición de que no fueron incluidos algu­nos hallazgos en los in­formes de auditorías rea­lizadas por la Cámara de Cuentas, entre ellas a las obras de Odebrecht, a la Armada Dominicana, la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio de Interior y Policía.

Al preguntarse sobre in­formaciones difundidas de presuntas amenazas a ella y a su familiar por los votos disidentes que ha emitido en algunos informes de au­ditoría, se limitó a respon­der: “no tengo miedo”.

Explicó que fue requerida por el ministerio público pa­ra la una de la tarde de ayer, en su condición de miem­bro titular de la Cámara de Cuentas.

Ministerio Público Las investigaciones a los miembros de la Cámara de Cuentas son realizadas por Wilson Camacho, procura­dor especializado de per­secución de la corrupción administrativa y la procura­dora adjunta, Yeni Bereni­ce Reinoso, de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público.

Según el comunicado de prensa enviado por la PGR, los miembros y funciona­rios de la Cámara son ci­tados para que declaren sobre informaciones que posee el Ministerio Público de manejos irregulares por parte de estos para impe­dir el suministro de los in­formes requeridos para las investigaciones por corrup­ción administrativa, lavado de activos e infracciones co­nexas.

Precisó que la Pepca, con el apoyo de la Dirección Ge­neral de Persecución del Mi­nisterio Público, desarrolla múltiples investigaciones referentes a denuncias y querellas sobre irregulari­dades en distintas institu­ciones de la administración pública.

Y puntualizó que la Pep­ca ha remitido reiteradas comunicaciones en las que solicita información a la Cámara de Cuentas y que sus miembros han respon­dido con evasivas, por lo que consideró que esa ac­titud “se constituye en obs­trucción a la justicia y los convierte en objeto de in­vestigación”, en virtud del artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministe­rio Público, que obliga a los funcionarios públicos a ofrecer la información re­querida.