Prisión preventiva para siete y domiciliaria para otros tres involucrados en Operación Anti-Pulpo

Todo empezó la madrugada del domingo 29 de noviembre. El país despertó con la noticia de un fuerte operativo en marcha.

Con un nombre raro: “Operación Anti-pulpo”, asociada a un voraz molusco de cabeza ovalada y largos tentáculos; luego 11 arrestos, diez días de encierro, cargos graves de corrupción, tres días de audiencias y más de 27 horas de agotadoras jornadas de debates, imputaciones y defensas.

Ayer, a las 8:04 minutos de la noche, el juez José Alejandro Vargas ordenó el envío a prisión preventiva a siete y el arresto domiciliario de tres de un grupo de 11 imputados por el ministerio público, entre exfuncionarios del pasado gobierno y alegados testaferros, de robo al tesoro público. Se dispuso presentación periódica a favor de otro encartado.

El juez acogió una solicitud de medida de coerción presentada por los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente, y los fiscales de esos órganos del ministerio público.

En su decisión, el juez dispuso que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, cumpla la prisión preventiva por un periodo de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal.

Pagán y Christopher Igualmente, el tribunal también dispuso la misma medida de coerción para los imputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), quienes, entre otros delitos, incurrieron en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones.

El juez también dictó prisión preventiva contra el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa Rosa, quien deberá cumplir la medida de tres meses en el CCR San Cristóbal.

De igual forma, el tribunal dispuso que los imputados Julián Esteban Suriel Suazo, a quien le fue ocupado un arsenal ilegal de armas, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, cumplan la prisión preventiva en la cárcel Modelo de San Pedro de Macorís, por un periodo de tres meses.

Alejandro Vargas alertó que la permanencia de esos tres imputados en las calles puede llevarlos a distraer pruebas del proceso o puedan ser intimidado durante el proceso de investigación del caso de la operación antipulpo.

Arresto domiciliario Respecto a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, deberán cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete en caso de ser posible, o bajo vigilancia del ministerio público.

Además, Carmen Magalys e Hidalgo Núñez tendrán que presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida del país.

Respecto al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, también deberá cumplir arresto domiciliario, con impedimento de salida del país, tras acoger una solicitud del ministerio público en ese sentido.

Caso complejo El juez decidió declarar el caso complejo, al tiempo que dispuso que los encartados con prisión preventiva y arresto domiciliario acudan por ante el Tercer Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción a fin de que se les conozca el primero de marzo del 2021 la revisión obligatoria de la medida de coerción.

Antes de anunciar su decisión, el magistrado ponderó aspectos de la acusación del ministerio público; en ese contexto, resaltó que “hay una estafa” respecto al suministro de hormigón asfáltico líquido (AC-30) al Estado de una de las empresas de Medina Sánchez en la que el entonces director de la OISOE, Pagán Rodríguez, tiene su responsabilidad penal comprometida por complicidad.

Sobre Domingo Antonio Santiago Muñoz se dispuso su puesta en libertad pero se le impuso medida de coerción consistente en la presentación periódica ante el procurador fiscal adjunto a cargo.