Discurso íntegro de Antonio Guzmán en 1978

Antonio Guzmán 16 de agosto 1978

Hace exactamente cien años que se realizó la última transmisión del mando presidencial de un candidato perdedor a uno ganador, cuando en el año 1978, el presidente Césareo Guillermo le entregó el poder a Ignacio María González. Este hecho, demuestra la gran significación que para el afianzamiento de la democracia en nuestro pueblo tiene esta toma de posesión, ya que después de un siglo de accidentada histórica política, caracterizada por la debilidad de nuestras instituciones, con este solemne acto se abren hermosas y promisorias perspectivas para nuestro orden institucional.

El acontecimiento debe servir para reforzar la fe de los dominicanos en los beneficios que se derivan del sistema democrático, pues este pueblo tuyo, con sobradas razones, momentos de gran escepticismo frente al ejercicio de gobiernos esencialmente negadores de los principios, que sirven de base a nuestro ordenamiento social. Hoy ese pueblo es espectador de una ceremonia que significa que la soberana voluntad popular ha sido respetada, por lo menos en mucho de lo que es fundamental.

Yo espero que Dios me ayude a contribuir para que en el futuro las periódicas consultas electorales constituyan acontecimientos normales en la vida de la Nación, sin alterar en lo más mínimo las actividades de la vida nacional.

No puedo dejar de señalar lo que espero ha de ser una feliz coincidencia histórica para América. Fuimos la primera ciudad del Nuevo Mundo en 1492, era entonces cuando Santo Domingo irritada cultura y civilización hacia todo lo conocido del Continente. En 1978, con las elecciones de mayo y todo lo que vino después, hemos dado un ejemplo de los pueblos hermanos de que con tesón, patriotismo, optimismo y solidaridad, se puede salvar la democracia.

Por eso, cobra mayor significación para el Gobierno y para el pueblo dominicano la prestigiosa presencia en este acto, de ilustres jefes de Estado y misiones especiales de naciones amigas, distinguidos dignatarios eclesiásticos y personalidades nacionales y extranjeras vinculadas a instituciones y actividades políticas, sociales, económicas y culturales, que estimamos como una alentadora prueba de confianza.

Vale la pena recordar, dejando a la historia que juzgue a los hechos y a los hombres que hemos intervenido en este proceso, los acontecimientos que hoy culminan. Tras doce años de gobierno reformista, iniciamos la campaña electoral, la cual tenemos que reconocerlo, que se desarrolló en un clima de relativa tranquilidad pero que, sin embargo, se caracterizó por la polarización, cada vez más fuerte, de dos opciones: el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano.

Los dominicanos tuvieron entonces la oportunidad de presenciar como el partido reformista utilizó, de una manera inescrupulosa, todos los recursos del Estado en su afán de continuar al frente de la cosa pública. Por otro lado, resplandecían el esfuerzo, la honestidad, el espíritu de sacrificio y la mística del Partido Revolucionario Dominicano, denominado, a justo título, el Partido de la esperanza nacional. A pesar de todo, nunca dudé de la victoria electoral. Victoria, alcanzada por el apoyo la gran mayoría del pueblo dominicano, y que, sin embargo, se ha tratado de empañar señalando que nosotros ganamos merced en un fraude electoral. ¡A qué persona sensata se le puede ocurrir que un partido que desde el año 1963 estaba en la oposición, tenía medios y recursos, para cometer fraude en un proceso electoral!.

Este argumento sirvió de pretexto para la inconstitucional decisión del máximo tribunal electoral, mediante la cual, gracias a unos cálculos matemáticos arbitrarios, y a una caprichosa asignación de votos no emitidos, se despojó al Partido Revolucionario Dominicano de las senadurías de las provincias de Bahoruco, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, y El Seibo. El desafortunado procedimiento utilizado consistió pues, en la adición de un porcentaje de los votantes al Partido Reformista, que obtuvo de esa manera la mayoría en esas provincias, a pesar de que los votos que se depositaron en las urnas le habían dado el triunfo a los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano.

La situación de desasosiego creada por las impugnaciones masivas del Partido, que hoy pasa a la oposición generó unos días de recesión económica con repercusiones negativas para el futuro inmediato del país. Debemos sentirnos satisfechos pues supimos superar, con gran espíritu en esta memorable ocasión, bajo fe de juramento la mayor responsabilidad que puede contraer un ciudadano ante la Nación: Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Tan solemne compromiso, para con Dios y para con la Patria, sintetiza el alto deber moral que contraigo al aceptar en esta ceremonia, el libérrimo mandato que me ha conferido el pueblo dominicano de regir los destinos del país durante los próximos cuatro años con irrestricto apego a la ley, y el deber de salvaguardar la independencia y la soberanía de la Nación.

Al asumir las funciones de Presidente de la República, estoy plenamente consciente de que esta ardua y difícil tarea no puede ser la obra exclusiva del Gobierno sino que requiere, para ser buena, forzosamente, al concurso de todos los sectores de la vida nacional.

Por esa razón tengo que el deber de examinar ante el país, la realidad de la vida institucional y económica que hoy encontramos al asumir el poder.

En cuanto a la vida de las organizaciones fundamentales del Estado, tengo la convicción de que una nación es realmente sólida y estable, en la medida en que sean fuertes sus instituciones. Los hombres pasan, pero las instituciones tienen un carácter de permanencia cada vez más fuerte. La experiencia nos demuestra que de la fragilidad de las instituciones a un clima de frustración, de desconfianza hacia todo lo establecido y de cuestionamiento, solo hay un paso.

Es indiscutible, y esto lo digo sin ánimo de acusar a nadie, que en nuestro país se ha vivido en los últimos años una grave crisis moral institucional. Esta situación ha generado como máximo exponente, la enorme corrupción administrativa que el propio Gobierno saliente ha tenido el valor de reconocer.

Ha llegado el momento de que los hombres vuelvan a ser premiados por su dedicación al trabajo, por su vocación de servicio a la Patria y sus conciudadanos, y no por los frutos de su afán de lucro o por su habilidad para hacer engrosar su capital privado con fondos del Erario Público o con el tráfico de la influencia da el poder.

En cuanto a nuestra economía, es justo reconocer que ha gozado de años de bonanza en el pasado reciente, especialmente debido a los altos precios del azúcar, del café, del cacao y del oro. Los altos ingresos que estas exportaciones generaron para el fisco, y las divisas obtenidas, fueron utilizados, principalmente para financiar grandes inversiones en infraestructura urbana y rural y para el embellecimiento de algunas ciudades, pero se descuidaron las propias empresas del Estado, tales como el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Electricidad y otras de la Corporación de Empresas Estatales.

El país logró, durante varios años, altas tasas de crecimiento económico y el sector privado respondió a los incentivos, tanto fiscales como de financiamiento, creados para orientar la inversión hacia determinados sectores. Este proceso ayudó a expandir una clase media que deberá contribuir fuertemente a nuestro desarrollo futuro.

Sin embargo, este crecimiento no benefició a los grupos de menor ingreso debido al congelamiento de los salarios en el sector público; al descuido de los servicios públicos tales como salud, seguro social y educación; a la ausencia casi total del mantenimiento de obras del Estado; al abandono de nuestra gente del campo; a la escasez de alimentos y oferta de materias prima agrícolas, como consecuencia de una política agrícola incorrecta que no promovió la producción.

Por otra parte, nuestra Administración Pública se ha ido desorganizando, por la excesiva concentración de las decisiones y al mismo tiempo, por la falta de coordinación de política económica entre las instituciones y los organismos que inciden sobre el acontecer económico dominicano.

Todo esto significa que desde 1975 el crecimiento de nuestra economía se ha tornado lento, al no aumentar significativamente la capacidad de demanda de nuestro mercado interno, al irse reduciendo los precios de los principales productos de exportación, con excepción del oro, y al ser menor la eficiencia del Estado como administrador de la cosa pública.

La situación antes esbozada, no debe ser motivo de incertidumbre ni de pesimismo, pues tengo fe en los hombres y mujeres honestos de nuestro país que están dispuestos a contribuir para lograr un futuro más promisorio para nuestros hijos.

En este sentido me propongo, a la cabeza del Gobierno que hoy se inicia, dirigir todos nuestros esfuerzos hacia el logro, en primer lugar, de una verdadera institucionalización.

Tal como he manifestado en ocasiones anteriores, para alcanzar la anhelada meta, es necesario que se consagre la alternabilidad en el poder y por tanto, que el principio de la no reelección sea incorporado a los preceptos constitucionales. Además, es necesario que es fortalezcan los poderes del Estado.

Sobre este particular, en mi calidad de titular del Poder Ejecutivo, debo significar que las labores del Gobierno deben ser realizadas mediante el esfuerzo mancomunado del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo.

Espero que el Poder Legislativo, en su elevada misión de hacer las leyes normativas de nuestro desenvolvimiento social, coloque siempre los intereses supremos del pueblo dominicano por encima de los intereses y pasiones partidistas. Por mi parte, puedo asegurar que los proyectos que como Presidente de la República someteré a la consideración del Congreso Nacional, serán inspirados en la búsqueda de soluciones viables a los grandes problemas nacionales, del desarrollo de país y de la felicidad de todos mis conciudadanos.

Esta actitud que entiendo necesaria para mantener un clima de concordia nacional, espero que sea observada tanto por los legisladores del Partido de gobierno, como por los otros que militan en los partidos de oposición. ¡Recordemos siempre que el pueblo y la historia serán llamados a juzgar las actitudes que cada uno de nosotros asumamos en los próximos cuatro años!.

En cuanto al Poder Judicial, es una inquietud palpable en la ciudadanía la necesidad de adecentar la administración de la justicia. Prestigiosas voces se han elevado reclamando la creación de la carrera judicial el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los servidores judiciales la inamovilidad de los jueves y la verdadera independencia de nuestra judicatura en sus actuaciones. Comparto plenamente ese reclamo, el cual tendría que ser complementado con la realización de una reforma de nuestro sistema penitenciario.

De conformidad con nuestras disposiciones constitucionales, corresponde al Poder Ejecutivo el nombramiento del personal auxiliar de la justicia, pero la grave responsabilidad de nombrar a los jueces de nuestros tribunales, le corresponde al Senado de la República.

Esto significa, que solo podremos contar con una judicatura realmente ejemplar si sus miembros son designados atendiendo a razones de probidad, de competencia y de honestidad.

Es necesario ahora, señores, hacer alusión a las directrices que servirán de guía del Poder Ejecutivo como supremo rector de la acción gubernamental. En primer lugar, y tal como prometí durante la campaña electoral, haremos un Gobierno de unidad nacional, porque en el Gabinete y en los organismos estatales estarán representados los mejores hombres del país, sin distinguir banderías políticas. Con esa medida se garantiza que dejando de lado los sectarismos políticos, las actividades y decisiones del Gobierno resulten de una fructífera diversidad de conocimientos, ideas y potencialidades que garanticen la primacía del interés general y la obtención del bien común.

No se debe confundir, pues, la unidad de todos los sectores de la vida nacional en torno a miras y propósitos comunes para el engrandecimiento patrio, con las alianzas partidistas preelectorales. En otras palabras, la verdadera Unidad Nacional está por encima de los partidos políticos.

Como Presidente de todos los dominicanos, nos toca ahora encontrar nuevas soluciones a nuestros viejos problemas.

Fundamentalmente, tendremos por delante una doble tarea a partir de hoy: dinamizar la economía, para al mismo tiempo aumente el bienestar de nuestra población. Para lograrlo, trataremos de ensanchar nuestro mercado interno y fomentar decididamente nuestras exportaciones, para crear demanda hacia los productos nacionales, lo cual redundará en un aumento de la producción y por ende, en un aumento de la inversión y del empleo en el sector productivo nacional.

De igual manera, llevaremos a cabo una labor de saneamiento y capitalización de las empresas del Estado; tales como el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Electricidad y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, para que así el Estado contribuya a la producción nacional, sin competir directa o negativamente con el sector privado.

Para ensanchar el mercado interno, pensamos mejorar los servicios públicos, la operación de los programas del Gobierno y el mantenimiento de las obras públicas, dándole así cabida a dominicanos que quieran servir a la Patria. Igualmente, pensamos que es necesario que las construcciones, las obras públicas y si es posible las privadas, den más empleo de lo que hasta ahora se ha logrado, utilizando más obreros y menos equipo pesado, siempre que las características de las obras así lo permitan. También, y esto es necesario por múltiples razones, haremos todo lo posible para mejorar las condiciones de los hombres del campo para beneficio de ellos y de los demás dominicanos, al lograse el aumento de la producción agrícola.

Nuestras exportaciones se incrementarán ofreciendo incentivos de diversa índole y financiamiento a esa actividad, para hacer nuestros productos competitivos en el exterior, ya que estamos seguros que los mercados existen. Para identificar esos mercados, es necesario que nuestro cuerpo diplomático esté al servicio de nuestras exportaciones. Y para poder mantener esos mercados, es necesario poder cumplir con los compromisos que se contraigan y que logremos niveles aceptables de calidad.

Al mismo tiempo que daremos al productor nacional a incrementar cada vez más su producción, mantendremos en observación los precios y costos internos para evitar presiones inflacionarias indebidas así como nuestra balanza de pago a fin de evitar efectos nocivos sobre nuestro signo monetario.

También creo que el Estado debe ponerle más atención al sector minero y al petrolero, incrementado a la prospección bien supervisada de nuestros posibles yacimientos, para conseguir luego una explotación que precede nuestros recursos y beneficie netamente al país.

Está claro que los cambios de orientación de la política económica requieren dedicación y sacrificio de todos los partícipes, y que el Estado habrá de requerir en el futuro, nuevos ingresos para hacerle frente a sus nuevas obligaciones.

Por otra parte, creo firmemente que ha llegado el momento de prestar una mayor atención a nuestra agricultura, necesaria para el bienestar de todos los dominicanos, especialmente al considerar que somos un país que fundamentalmente vive de su tierra.

He repetido durante toda la campaña electoral, que es necesaria la dinamización de este importante renglón de la vida nacional.

Dentro de nuestra política agropecuaria, pretendemos iniciar una verdadera reforma agraria científica y justa, es decir, que no consistirá en simples reparticiones de tierra guiadas por criterios esencialmente político-partidistas. El criterio que primará para la selección de los asentados será, ante todo, su probado amor al cultivo de la tierra.

Por otra parte, concebimos la reforma agraria como algo que debe ir acompañado de una política crediticia, justa, dirigida a los sectores que más inciden en la producción, esto es, a los medianos y pequeños productores y que lleguen los recursos necesarios en el momento oportuno a sus manos. La asistencia técnica y el mercado jugarán el papel que les corresponden dentro de este proceso y a los agricultores se les suministrarán semillas certificadas y variedades de alto rendimiento.

Además, se harán estudios ponderados para la zonificación de los cultivos, a fin de racionalizar los tipos de siembras en cada región; y para implantar el seguro agrícola, con el propósito de compensar en algo las pérdidas de nuestros agricultores cuando las condiciones climatológicas y de toda índole, le sean adversas.

Esta política deberá iniciar con el mejoramiento inmediato de los proyectos agrarios ya establecidos.

Con todo lo anterior, aseguraremos el aumento de la producción que redundará de inmediato en el abaratamiento en el costo de la vida y en la reducción de las importaciones de productos alimenticios lo que supone no solo el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros hombres y mujeres del campo, sino de todos los habitantes del país.

En el campo de la salud, mi Gobierno no escatimará esfuerzo alguno para que los servicios médicos, fundamentados en programas continuos de medicina preventiva, principalmente, y asistencial, en segundo lugar, puedan llegar a las más apartados regiones.

Los programas materno-infantil y nutricionales, serán fortalecidos con miras a garantizar la salud de las madres dominicanas y de sus hijos, contribuyendo con ello a atender tan descuidado en los programas de salud desarrollados hasta ahora.

Es necesario dotar de equipos, de personal médicos, paramédico y administrativo y de medicinas suficientes a los centros de salud existentes a fin de hacerlos verdaderamente funcionales.

En esta área, otra de nuestras metas es la reestructuración, revisión y puesta al día del sistema de seguros sociales, administrado por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, para garantizar un eficiente servicio a sus asegurados y pensionados.

Ya he señalado en discursos anteriores, que el futuro de nuestra juventud genera en el presente. Por eso, necesitamos ajustar la educación a las exigencias del desarrollo económico, social y cultural.

El Gobierno que hoy se inicia, impulsará la educación en función del desarrollo. Pero para ello, es necesario que los programas existentes se ejecuten con eficiencia y que las escuelas sean dotadas de los equipos, materiales y recursos humanos requeridos para su óptimo funcionamiento.

Será meta y preocupación nuestra la expansión y el mejoramiento progresivo de la educación preescolar y la prolongación de la educación general; la coordinación entre la educación técnica y la educación general; el mejoramiento de la escuela primaria rural con miras a garantizar las mismas oportunidades educativas de las ciudades a la población rural; la reestructuración de la enseñanza técnica, teniendo muy en cuenta las características de la fuerza de trabajo y las necesidades previsibles de recursos humanos para los planes de nuestro desarrollo.

Contemplaremos la posibilidad de que el ciclo básico de la enseñanza primaria esté al alcance y posibilidades de todos.

Prometo que se iniciarán estudios para que, de forma escalonada y regional se suministren útiles escolares gratuitos hasta cierto nivel de escolaridad y para implantar, del mismo modo, el desayuno escolar.

Apoyaremos con los recursos disponibles, la realización de campañas sistemáticas de educación de adultos, orientadas hacia el desarrollo de las comunidades, la capacitación de la mano de obra, el desarrollo cultural y la erradicación del analfabetismo.

Se hace necesario la reunificación y extensión de los programas de Enseñanza Media, de manera tal que una proporción mucho más alta de jóvenes tengan oportunidades para continuar su educación general, al mismo tiempo que reciben algún tipo de formación vocacional de alta calidad.

Apremia la revisión y el establecimiento de programas de emergencia para la capacitación y formación acelerada del personal docente.

Las universidades del país pueden tener la seguridad que estaremos siempre abiertos al diálogo franco, con el propósito de ofrecer con esta actitud, un aporte significativo para la extensión y mejoramiento de nuestra enseñanza superior.

Como complemento a la actividad educativa del Gobierno para recreación de toda la población es necesario prestarle más atención al deporte. En este sentido, nos proponemos fijar una política de mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes.

La construcción de nuevas instalaciones estará orientada a incorporar a los beneficios que conlleva la práctica deportiva, a los habitantes de las comunidades barriales, prestando siempre especial atención a la zona rural.

Los eventos deportivos profesionales, de tanto arraigo y tradición en nuestro medio, contarán con nuestra simpatía, sin que ello signifique que el Gobierno descuidará lo que es su principal obligación: los deportes de aficionados y la recreación de sus ciudadanos.

La política habitacional de mi Gobierno estará orientada hacia la construcción de viviendas de bajos costos, ya que considero que es la única forma de contribuir eficazmente a reducir el enorme déficit habitacional que padecemos. Es inconcebible que el Gobierno participe en la construcción de lujosas y costosas, residencias y apartamentos, lo cual constituye una distorsión de la finalidad que debe de perseguir el Estado en este tipo de iniciativas sociales.

Cuando el costo y el diseño sobrepasen lo que consideramos indispensable por necesario, higiénico y decente, la tarea, que es muy importante, hay que dejarla de crédito especializado, ambos esfuerzos deben ir acompañados de una adecuada planificación urbana.

Todo cuanto se realice para lograr el desarrollo de nuestras potencialidades económicas y sociales, supone la existencia de una administración pública honesta, competente, ágil y dinámica.

Como ya he señalado en ocasiones anteriores, la misma tiene que ser un instrumento del desarrollo y no un freno para éste.

Por estas razones ha propugnado por una descentralización de la Administración Pública, que nos permita simplificar y agilizar los trámites administrativos.

También he abogado por una revalorización de la condición del servidor público, y para ellos estudiaremos las posibilidades y los mecanismos para establecer el servicio civil y la carrera administrativa.

Los funcionarios y los empleados públicos tal como señalé al principio, deberán caracterizarse por el cumplimiento estricto del deber y sobre todo, por la honestidad con que desempeñen sus funciones. Quien les habla actuará con energía en aquellos casos en que compruebe corrupción administrativa. Por ello, exigimos a los más destacados servidores públicos una declaración jurada de sus bienes, al tomar posesión de sus cargos; y haremos cuanto sea necesario para que desaparezca una nociva práctica que consiste en la solicitud de dádivas a nuestros ciudadanos en oficinas y departamentos de la Administración Pública, cuando se apersonan para resolver problemas de índole diversos. Al mismo tiempo, se prescindirá de los servicios de aquellos funcionarios públicos que no desempeñen real y efectivamente alguna labor que justifique el pago de un salario, que es dinero que en última instancia proviene de los fondos que aportan al Erario Público los contribuyentes.

Al conmemorarse en este día, el aniversario de la Restauración de la República, gesta patriótica en la cual nuestra invencibles tropas se vistieron de gloria en los campos de batalla, recuperándose la soberanía nacional, quiero reafirmar mi firme propósito de impulsar como su comandante en jefe, la institucionalización de nuestras independencia, como soportes de la soberanía nacional y preservadoras del orden público.

Consecuentes, con nuestro respetuoso apego a la ley tanto en el ámbito nacional como en el plano internacional, quiero dejar constancia de que el Gobierno Dominicano cumplirá fielmente todos sus compromisos internacionales y hará honor a todos los tratados y convenciones suscritos, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estado Americanos.

La política internacional de nuestro país, estará basada en los principios de la no intervención en los asuntos internos de otras naciones, de la cooperación internacional y del mutuo respeto entre los Estados.

Pretendemos, además, estrechar los vínculos de amistad y cooperación con las naciones que están tan dignamente representados en esta memorable ocasión, como una muestra de solidaridad con nuestro pueblo.

El tema de los derechos humanos ha adquirido una nueva dimensión. Está superada la época en la cual eran considerados aisladamente, en los límites estrechos del territorio de un Estado determinado. Los derechos humanos constituyen un verdadero patrimonio común de la humanidad. En virtud de su carácter indivisible y solidario, sus violaciones en un país determinado, repercuten en los demás y representan un agravio para todos los hombres.

Me propongo dar rigurosa aplicación a los preceptos y normas que consagran esos derechos como obligación principal del Estado, conforme a los términos de nuestra Ley Fundamental, citamos: “La protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios de le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos”.

Con el fin de asegurar el más estricto respeto de estos derechos en el curso de mi mandato presidencial en mi condición de titular del Poder Ejecutivo, me propongo someter a la consideración del Congreso Nacional, un proyecto tendente a la creación de un tribunal de garantías constitucionales.

Lamento verme en la imposibilidad de conceder el beneficio del inculto en el día de hoy tal como me faculta la Constitución a ciudadanos que guardan prisión en nuestras cárceles.

Ha sido materialmente imposible utilizar e mecanismo normal para tales fines cuya primera fase consiste en la preparación de una lista de presos con posibilidades de ser indultados, que el Procurador General de la República somete al Poder Ejecutivo para su estudio y decisión.

Es así como también toca al Director General de Migración, hacer una evaluación de la situación de las personas impedidas de regresar al país, con el fin de ofrecerla a la consideración del Presidente de la República.

Como han visto ustedes el cambio fundamental por el cual ha venido propugnado el Partido Revolucionario Dominicano es el cambio de actitud moral ante la Ley. No es solo un cambio de hombres y funcionarios, sino un cambio profundo en la concepción de los derechos del ciudadano para con la Patria y para con el Estado como justa contrapartida al pleno disfrute de todos sus derechos.

La obra de conciliación y de desarrollo en los actuales momentos y circunstancias demandan, de cada uno, de los hijos de esta tierra: trabajo, sacrificio, paciencia, patriotismo y sobre todo, una gran fe de Dios y en la capacitación del pueblo dominicano para superar los momentos difíciles como lo ha hecho en tantas ocasiones.

Mi Gobierno está plenamente consciente de su responsabilidad histórica la cual es compartida en igual grado por los partidos de oposición, especialmente por el Partido Reformista. Hago un llamado a todos los opositores, para que desdeñen la crítica infecunda y ajusten sus actividades y sus actitudes dentro de un espíritu constructivo y de apego a los cánones legales vigentes.

Es justo que reconozca que el triunfo que obtuvimos en las urnas y la manera en que hemos podido abogar por el respeto de nuestros derechos, se debe a la forma en que en nuestro país se ejerce la libertad de prensa, piedra fundamental de una democracia.

No puedo dejar pasar esta ocasión, sin reconocer también la enorme y valiosa contribución de su Excelencia, doctor Joaquín Balaguer, para la cristalización de esta histórica transmisión pacífica del mando presidencial. También hay que reconocer que en los últimos años de su administración, se iniciaron obras de infraestructura de enorme valor para el futuro desarrollo de nuestra Nación.

Esas obras serán concluidas y las existentes serán mantenidas como lo merecen.

Antes de terminar, quiere referirme de manera especial los abnegados hombres y mujeres de Partido Revolucionario Dominicano. Partido y militancia que tienen una límpida historia de sacrificios, de heroísmo y que tanto han contribuido al establecimiento y fortalecimiento de la democracia de este país.

Gracias a la pujanza y a la organización de esta institución política; a la sensatez y a la mística de su militancia, abrimos nuevos horizontes en la vida política dominicana.

Lejos de sentirnos satisfechos por la ardua labor hasta hoy realizada, no debemos desmayar, debemos seguir trabajando por el bienestar de todos los dominicanos, con desprendimiento, amor y abnegación.

Permítaseme ahora rendir tributo a la venerada memoria de los Padres de la Patria, Duarte, Sánchez y Mella, y con el pensamiento puesto en el sacrosanto Libro de los Evangelios, abierto en el centro de escudo nacional, elevar una plegaria al Todopoderoso y a nuestra Madre Espiritual, La Virgen de La Altagracia, para que colme a nuestro pueblo de bendiciones y para que ilumine nuestras decisiones, a fin de poder cumplir con el solemne juramente que presté, contribuyendo así a forjar una Patria cada más prospera, floreciente y feliz.