Lucha para la prevención de los feminicidios sufre grave retroceso al cerrar 2019

Con la aplicación de medidas combinadas de educación y justicia, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua lograron reducir entre un 10 y un 50% los feminicidios durante el año 2019.

Estas naciones, al igual que otras de la región, han implementado campañas, políticas y medidas judiciales para contrarrestar los actos de violencia de género que terminaron en 2018 con la vida de al menos 3,500 mujeres en Latinoamérica, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Bolivia

En enero de 2019 el expresidente de Bolivia, Evo Morales, junto a su consejo de ministro decretaron la creación del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, con el que se plantea la promoción de contenidos de sensibilización y tolerancia en contra de la violencia de género, a través de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales.

En 2019, los feminicidios en Bolivia presentaron un decrecimiento de un 10 por ciento en comparación con 2018.

Cifras de la Cepal y medios de comunicación bolivianos indican que en 2013 hubo 25 casos; en 2014, 69; en 2015, 110; en 2016, 104, y en 2017 ocurrieron 109.

En 2018 se registraron 130 feminicidios, mientras que en 2019 hubo 117, 13 menos que el año anterior.

En marzo de 2013, Evo Morales firmó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia, que busca adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada, en las diferentes instancias de atención, para el restablecimiento de los derechos de mujeres en situación de violencia.

Así como crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para mujeres en situación de violencia; además de adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas, con el nivel de atención y prioridad que requiere la preservación de la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres.

La Ley 348, creada el 9 marzo de 2013, señala en el artículo 11 la creación del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase), que se encarga de emitir certificaciones sobre antecedentes de los agresores, denuncias, actuación de servidores públicos y sobre toda información que pueda servir para la prevención, atención, protección y sanción de casos individuales.

El artículo 252 dice que se “sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer”, incluyendo el caso en el que el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima.

Costa Rica

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), radicada en Costa Rica, creó en 2019 una nueva política conocida como Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Planovi), que tiene como finalidad eliminar el machismo, promover masculinidades no violentas, la impulsión de la igualdad y la reducción de los niveles de impunidad, para así prevenir los casos de violencia de género y feminicidios.

Con esta nueva política también se busca disminuir la revictimización que sufren las mujeres en los servicios estatales, mejorar y ampliar su acceso a servicios, así como fortalecer los mecanismos de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo el riesgo de feminicidio.

Con la integración de esta nueva política se utilizó por primera vez la prevención de la violencia de género, en específico con la lucha de la violencia mediática y la utilización del cuerpo femenino en las publicidades sexistas.

“Esta nueva política hizo virajes importantes con respecto a las políticas anteriores, uno de los cambios más significativos es que trabajará con población infantil y adolescente para promover un cambio cultural hacia la no violencia y la igualdad, de ahí la importancia del trabajo interinstitucional que se desarrollará con el Ministerio de Educación Pública (MEP)”, indicó una información publicada por el Inamu.

Las cifras indican que en Costa Rica se redujo en un 50 por ciento en 2019.

Registros oficiales señalan que en 2019 ocurrieron 13 feminicidios, y que en 2018 hubo 26.

Asimismo, en 2013, 18; en 2014, 24; mientras que en 2016 hubo 26 casos.

La Ley 8589 de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres apunta en el artículo 21 que “se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”.

Guatemala

En 2004 Guatemala creó el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Planovi), que se encarga de la promoción de políticas y acciones para así prevenir y erradicar la violencia de género.

También tiene el papel de desarrollar campañas para la sensibilización, concientización y capacitación en temas relacionados a la violencia intrafamiliar.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, “la persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva”.

Mientras que quien ejerza violencia contra la mujer deberá cumplir entre cinco a doce años de prisión, de acuerdo con la gravedad del delito.

“La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será sancionada con prisión de cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias”.

La agencia de noticias EFE informó que entre el 1 de enero y 16 de junio de 2018 disminuyeron los casos de feminicidios en un 11.2 por ciento, en comparación con el mismo período de tiempo en 2017.

En el período señalado en 2017 ocurrieron al menos 285 feminicidios. “Mientras que en el mismo periodo de 2018 ocurrieron 253 casos”.

Nicaragua

Nicaragua cuenta con una Política de Estado para el Fortalecimiento de la Familia Nicaragüense y Prevención de la Violencia que se encarga de la promoción, protección y restitución de los derechos humanos para evitar la violencia.

“De igual forma se implementa una Política de Estado de Atención Integral a la Primera Infancia que promueve nuevas pautas de crianza como parte de la estrategia de prevención de la violencia”, indica.

Nicaragua tiene hasta ahora 22 juzgados especializados en violencia de género.

Registros periodísticos de Nicaragua señalan que desde enero hasta septiembre de 2019 ocurrieron al menos 45 feminicidios.

Para 2018 hubo 57; en 2017, 50; en 2016, 10; en 2015, 19; en 2014, 38; y en 2013, 42.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 779, cuando el hecho se diera en el ámbito público, “la pena será de quince a veinte años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte a veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o más de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se aplicará la pena máxima”.

Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un tercio cuando concurra cualquiera de las circunstancias del asesinato, hasta un máximo de treinta años de prisión.