INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS
Jueces autorizan "pinchar" 48 mil teléfonos en cuatro años
El 96% de las solicitudes de pinchar son acogidas.
Unas 48,334 solicitudes de interceptación telefónicas fueron acogidas y aprobadas por autoridades judiciales en República Dominicana, durante el período 2014-2018, según informaciones suministradas por la Suprema Corte de Justicia.
Con un total de 49907 peticiones en esos cinco años, significa que apenas rechazaron 1573, y supone que el 96.85% de las solicitudes de “pinchazos” telefónicos fueron autorizadas.
Este porcentaje de aprobación es alarmante, más aún si se toma en cuenta que sube un poco más en el Distrito Nacional, donde se concentran la manera abrumadora las solicitudes, con un total de 36910.
El resto del país
Fuera del Distrito Nacional se realizaron 12997 solicitudes en este intervalo de tiempo, siendo aprobadas 12514, para un porcentaje de aprobación de 96.28%.
En las demás provincias, Santiago es la que más tiene con 1592 peticiones y 1239 aprobaciones; le sigue María Trinidad Sánchez con 1138 solicitudes y 8 rechazos; La Altagracia 1180, y 1177 aprobados; San Cristóbal 1067 peticiones, ninguna rechazada; Puerto Plata con 962, siendo 955 de estas ratificadas, y San Juan de la Maguana tuvo 951, con una sola solicitud rechazada.
Intervenciones ilegales
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Manuel Díaz, afirmó el pasado mes de octubre que ha pagado para interceptar llamadas telefónicas a personas, asegurando que es “una práctica normal” en el país.
“Yo mismo lo he hecho, he mandado intervenir teléfonos pagando. Eso es un negocio y ustedes no son de Suiza como yo les dije. Ustedes saben todo eso, no se hagan tanta bulla”, confesó.
Aseveró también que todos los dirigentes políticos tienen estos servicios, al igual que muchas personalidades del país.
Casos públicos
Los “pinchazos” a varias figuras públicas y políticos del país han ganado gran notoriedad este años, con el caso Miriam Germán Brito, y más reciente con el de Henry Merán y Rubén Maldonado.
Merán, diputado por la provincia de San Juan de la Maguana, se declaró a sí mismo como un “perseguido político” del gobierno del presidente Danilo Medina, luego de la filtración de su conversación con Rubén Maldonado.
En marzo de este año el inspector del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, admitió públicamente que solicitó el teléfono de Germán Brito fue intervenido.