San Cristóbal y su larga espera de justicia

En julio de 2018, por las 400 casas de la comunidad La Cueva, en Yaguate, San Cristóbal, corrió la voz de que un hombre arrastraba una pesada maleta con el producto de un robo. El pueblo estaba dispuesto a lincharlo. Casi lo hacen, pero al revisar el equipaje se dieron cuenta que solo tenía papeles viejos.

Otros no tuvieron “esa suerte”. En 2007 a Ángel Rodríguez García, de 20 años, lo lincharon junto a Londin Pinales Figuereo, de 15 años, y José Luis o “El Brujo”, luego de que los tres atracaran e hirieran de gravedad a un sargento de la Policía.

En La Cueva, un lugar rodeado de árboles y ríos, se quejan los vecinos a una sola voz: No hay protección policial: el destacamento más cercano se encuentra a media hora, en Yaguate. La mayoría de los que viven en este pueblo, al sur de la capital dominicana, se dedican a la agricultura. Como “El Bello”, que enseña sus manos maltrechas de trabajar en el conuco. Uno de los jóvenes que acompaña a “El Bello”, cuenta sobre el linchamiento de los tres supuestos atracadores: “Mientras veíamos que uno se movía, seguíamos tirándole piedras. Metieron los dos pies en un solo zapato”, dice. Luego de 2007, otros linchamientos ocurrieron en la provincia. En YouTube se ve el video de uno ocurrido en Los Rieles en 2010. En 2017, trataron de linchar a los acusados de robar una motocicleta. Lugares como Canastica, La Pared, La Toma y Sabana Grande de Palenque y Jamey presentan casos. En marzo de 2018, lincharon a un joven en la comunidad El Carril, municipio Haina, luego de que “robara una cadena de oro”. Cerca del centro de la ciudad, en la Urbanización Sánchez, el colmadero González recibe a sus clientes rodeado por las rejas de su negocio. Recuerda que en esa zona, en 2009, lincharon a un ladrón de casas. Además de barrotes, instaló cámaras de seguridad. Vivir luego de un linchamiento Milito duró un año y medio sin trabajar luego del linchamiento de uno de sus atracadores. Es un hombre de avanzada edad y baja estatura, al que uno de los balazos que estos le propinaron le hirió el intestino grueso y tuvo que someterse a varias operaciones. Ese ajusticiamiento ocurrido en Baní en agosto de 2008, es el primero de la lista de 67 casos investigados hasta 2018 para estos trabajos.

Ilustraciones: Nathalie Rodríguez Sentado en la galería de su vivienda, el 15 de agosto de 2018, recuerda que luego de una jornada de trabajo como motoconchista, llegó a su hogar, dispuesto a descansar. De repente, mientras parqueaba su motocicleta, tres atracadores llegaron y le dispararon. Tomaron su motor y, cuando escapaban, Milito logró propinarle una puñalada a uno de ellos. “Yo dije que si me iba a morir me iba a dar el gusto de matarlos aunque me cocinaran de balas. Hay gente que cree que fue que me dieron el balazo porque yo forcé con ellos”, narra Milito. Los asaltantes lograron escapar en el motor de “Milito”, pero un grupo furioso los perseguía. Cuando llegaron a Sabana Buey a los atracadores se les acabaron los tiros. Dos de ellos escaparon, pero el que Milito hirió no pudo huir. La comunidad lo atrapó. Las autoridades llegaron cuando, después de muerto, le echaban leña para quemarlo. Uno de los ladrones que escapó murió asesinado de un balazo en la cabeza, tres meses después del hecho, en el Distrito Nacional, mientras cometía otro atraco. Del otro todavía no se sabe.

Baní: Poco seguimiento de la justicia

A pesar del crecimiento que se observa en el centro de Baní, hay zonas con un enorme grado de marginalidad. Entre ellas El Maní, La Saona y El Fundo, en la parte norte; Pueblo Nuevo, en el noreste, y Santa Rosa, en el sureste. Conocida como la “Capital del Mango”, para algunos la producción de los deliciosos frutos no alcanza para sostener ese grado de economía alta que posee.

“Es la ciudad que mayor personas tiene vinculada al narcotráfico. Aparecen unos carajitos que hablarles de 100 y 200 millones no es nada”, dice Manuel María Mercedes, dirigente de los Derechos Humanos. La preocupación por la incidencia de los estupefacientes en esa provincia también la externó el senador Wilton Guerrero, a raíz del asesinato del coronel Daniel Ramos Álvarez en un punto de venta de drogas en Santa Cruz, en Baní, el ocho de enero de 2019. Guerrero refirió que sólo en Baní, una ciudad de 363,31 km², operan alrededor de 40 puntos de drogas y en la provincia Peravia suman unos 80.

A unos kilómetros de distancia de “Milito” vive Arelis en una casa calurosa en el centro de Paya. Ella todavía tiene grabada en la mente la sonrisa de su atracador. Cuando la asaltaron, el 1 de abril de 2018, estrenaba una cartera. Mientras esperaba que llegara un carro público, se abrigó del sol debajo de una mata de mango. Dos jóvenes en un motor se le acercaron.

Ilustraciones: Nathalie Rodríguez Uno de ellos le sonrió y le dijo que le diera el bolso. Arelis pensaba que era una broma y sonrió de vuelta. Se dio cuenta que era en serio cuando el muchacho le apuntó con un arma. Fue a un destacamento esa tarde y puso la denuncia del atraco. Los agentes le dijeron que, una vez le devolvieran su cédula, regresara al otro día para iniciar el rastreo de su teléfono. Arelis no volvió. No quiso hacer ese esfuerzo. Total, asegura, no le devolverían nada. Como Arelis, muchos dominicanos tienen poca cultura de seguimiento de la justicia. “Tampoco hay instrumentos o viabilidad. Se pierde tiempo. Recibir justicia en este país es muy complicado”, opina Alberto Morillo, coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Incluso, cuando se poseen los recursos se dificulta darle seguimiento. Aparte de la denuncia hay que ir a juicio y estar pendiente de las audiencias. Otro detonante para que los procesos se aborten. Cuando la atracaron a ella, a otra amiga también le robaron. A uno de esos ladrones, Miguel Antonio Arias, de 19 años, lo lincharían en Villa Sombrero la noche del 15 de abril de 2018, luego de que intentara, junto a dos acompañantes, quitarle el arma de servicio al vigilante del alcalde de Baní, Nelson Camilo Landestoy. El guardia del síndico le propinó dos disparos de escopeta, pero no llegó a matarlo. Según un testigo, cuando los bomberos lo entraban en la ambulancia, una multitud lo bajó de la camilla y le cayó a palos y pedradas. Una grabación muestra al muchacho en un charco de sangre, herido en un brazo. Se escucha la voz de alguien que pide que le den otro tiro. Una mujer exige que sea en el otro brazo. Un hombre dice que no, que en la cabeza. El atracador, todavía vivo, pide que lo lleven a su casa. Arelis piensa en las madres de los delincuentes que linchan y comprende el dolor de perder a un hijo. Dos de los suyos murieron en diferentes accidentes de tránsito por falta de un puente peatonal en la zona donde vivían. Pero también cree que la gente honrada tiene derecho a vivir. Cada vez que linchan un bandido, Arelis hace una cuenta mental. Para ella es uno menos.