Santiago: La vida cambia por la delincuencia

El pastor Roger tiene 11 años en el país, tras llegar a Santiago desde Cabo Haitiano. En su iglesia, ubicada en el barrio de Jacagua al final de una calle sin salida donde varios niños corretean, se congregan los haitianos que viven en la zona para orarle al Bondye. Se encontraba ahí a las nueve de la mañana, el 29 de agosto de 2018.

Afirma que el patrullaje policial aumentó, pero decidió cambiar el horario de los cultos hasta las ocho de la noche. Antes duraban hasta las nueve, pero sus feligreses resultaron atracados en diversas ocasiones, con pistolas y cuchillos. Su iglesia no es la única que cierra más temprano. También colmados, panaderías, farmacias y otros establecimientos en la zona.

“La Policía es como la lotería, tiene un día bueno y un día malo. Hay semanas que dan seguimiento dónde están los puntos de droga. Todos los martes y los viernes se llevan gente, en la calle del callejón de los Ventura”, asegura el pastor.

Cada sábado, a partir de las ocho de la noche, esa calle se vuelve inaccesible. Los residentes se acostumbraron a que la Policía atrape los delincuentes y a luego verlos otra vez en las calles.

La última parada, de las cinco realizadas en el recorrido de Santiago, se hizo a mediodía en Barrio Lindo. En una esquina en frente de un conocido punto de venta de estupefacientes se encontraba Melido Caba. “Cuando uno va a la Policía o a la Justicia uno coge más lucha que el delincuente. El ladrón llega más rápido a su casa que el que va a poner la denuncia”, dice Don Melido sin soltar los cigarrillos que compró en el colmado. “Aparte se agrava el problema, porque uno que no es delincuente tiene de frente al círculo delictivo”, dice.

Para él, el principal mal que afecta a esa comunidad, llena de casas apretujadas y bancas de apuestas, lo constituye la venta y el uso de drogas. No imagina la magnitud del problema. En Santiago, en 2017, se incautaron 50.8 kilos de cocaína; 1,275 gramos de crack; 1,487.9 de heroína; 258 de marihuana; 815 unidades de éxtasis y 13,649 de unidades no controladas.

A unas calles de distancia de Melido, Yanelis pedía una libra de pollo al colmadero Nelson. Ella, junto a varios dirigentes comunitarios, se encarga de que la Policía “dé su vuelta por el barrio”. Todos los lunes y los miércoles de cada 15 días, los agentes se reúnen con las juntas de vecinos. “Cuando la seguridad está media lenta nosotros tenemos contactos, que hablamos con ellos para que den su vuelta”, comenta Yanelis entre el olor a verduras frescas en el colmado. “Cuando se arma un rebú (problema) siempre se trata de que ellos lleguen. A veces llegan después que pasa el caso, como en todos los lugares”, dice.

El colmadero atribuye el auge de linchamientos a un mal que surge en la sociedad. “Todo el mundo actúa así, como en Haití que atrapan a alguien que roba y lo matan. Así es aquí, hay violencia por todos lados”, dice Nelson mientras con un cuchillo afilado termina de picar el pollo que alimentara a la familia de Yanelis.

Ilustraciones: Nathalie Rodríguez

Asesinatos de inmigrantes

Santiago es una provincia limpia y organizada, adornada de murales con colores brillantes. A ese lugar, hace 27 años, llegó Wendy Osiris, un haitiano de unos 35 años. Una vez lo atracaron en la calle 15 de Gurabo, cuando salió a comprarle una medicina a su hijo. “Ay de ti si tú no andas con algo”, recuerda que le advirtieron los asaltantes, apuntándole con un arma de fuego. Wendy les entregó dos mil pesos y su pasaporte. Al poco tiempo, se mudó.

Justo en Santiago, el 11 de febrero de 2015, se descubrió el cadáver del limpiabotas Jean Claude Harry “Tulile” colgado de un árbol y supuestamente linchado en el parque público Ercilia Pepín. “Tulile es la representación de lo que puede pasar a la comunidad haitiana en República Dominicana porque no hay seguimiento. Hemos estado esperando una respuesta contundente, porque después de la muerte de Tulile el pueblo haitiano se siente más vulnerable”, dice Wendy.

Agentes de la Policía Dominicana descartaron el odio hacia los extranjeros en este caso.

En 2015, en el sector La Otra Banda, de Santiago, una multitud intentó linchar a un haitiano que rompió y quemó la bandera dominicana. La Policía impidió que lo asesinaran. En 2011, en San José de La Mina, al sur de Santiago, expulsaron a cientos tras asegurar que transmitían enfermedades y se comportaban de manera inadecuada. Algunos haitianos sufrieron de quema de casas, persecuciones, asesinatos y amenazas.

Al igual que en Santiago, la zona fronteriza presenta varios casos. Por ejemplo, en 2005, en Hatillo Palma, a Vitelio Charles y Olani Pie los degollaron, luego que otros haitianos asaltaran un negocio y mataran una mujer. “Si un haitiano comete cualquier delito eso explota y más en zonas donde hay mucha presencia de población haitiana como Montecristi, Santiago e Higüey”, indica la socióloga Tahira Vargas.

También en 2011, en Cacique Enriquillo, en la Descubierta, familiares de un hombre asesinado en un mercado, mataron a haitianos que nada tenían que ver con el caso. Hasta septiembre de 2018, se contabilizan cinco casos de quema de casas de haitianos en las ciudades de Pedernales, Salcedo, Moca y Navarrete. En Salcedo, luego de que asesinaran a machetazos a un dominicano, una señora dijo: “No queremos haitianos por aquí, para que no pase una desgracia”.

Según la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana, ENI-2017, de un total de 570.933 de población inmigrante en el país, la nacida en Haití es la mayoritaria, con un 87.2%. De los 67 casos de linchamiento examinados para este reportaje hay 15 de haitianos muertos por linchamientos. Mientras que hubo nueve intentos. Solo aparece un crimen de este tipo contra otra nacionalidad. En 2017, en Montecristi, trataron de matar al venezolano Eliou Torres Bermúdez, tras acusarle, junto a un dominicano, de atraco a mano armada.

Tamayo: Poco conocimiento de los derechos

Un homicidio por robo refleja el desconocimiento que tienen los sectores pobres de cómo hacer valer sus derechos. El dos de abril de 2018, a Nicolás Divaris Escanio, de 18 años de edad, lo mataron de un disparo en el municipio de Tamayo para quitarle la motocicleta en la que viajaba con un primo.

Su familia no tiene abogado, a pesar de que el Estado ofrece una defensa pública que asume los costos de manera gratuita. Desconocen que deben poner una denuncia ante una fiscalía para que puedan dar seguimiento al caso. Ni siquiera saben a cuál les corresponde ir.

“La situación económica no es buena. Aquí, a veces, hay que buscar la manera de que ellos (la Justicia) caminen y no podemos”, dice su abuela, Ernestina Méndez, entre llantos.

YonMauri, como le llamaban, era el primer hijo y el tercer nieto de una familia de cultivadores de plátano de la comunidad de San Ramón. El 30 de agosto de 2018 la familia se reunió en el terreno donde viven los padres, tíos y abuelos de YonMauri, para hablar del día del “accidente”.

“Se ve que eso está muy lento”, comenta Doña Zumba, apodo con el que conocen a la abuela. “No nos dicen nada. Queremos saber qué se está haciendo y qué se puede hacer”.

A su derecha, sentada en una vieja silla de plástico, la madre, Maridelis Escanio, llora al recordar a su hijo. ”Queremos justicia”, dice.

Maridelis es una agricultora de piel canela y ojos tristes. Aunque perdió a su hijo, la vida crece dentro de ella. En poco tiempo tendrá una niña, la hermana que su primer vástago no conocerá. No se explica su suerte: YonMauri era tranquilo y no acostumbraba a salir de fiesta. Prefería quedarse en la casa, arreglando su motor.

Esa noche salió, y ya no volvió.

Este reportaje fue realizado por Indhira Suero Acosta para Listín Diario en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas.