Inspectoría del MP no tiene calidad investigar a los jueces de la Suprema
La Inspectoría General del Ministerio Público, centro de polémica por solicitar la interceptación del número de teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, es un órgano permanente para investigar faltas atribuidas a sus miembros y presentar acusaciones cuando corresponda.
Así está contemplado en la Ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, en su artículo 97, el cual establece que su director estará a cargo de un adjunto del Procurador General, en este caso de Jean Alain Rodríguez.
El artículo establece además que el director tiene que provenir de la carrera, quien fungirá como Inspector General, en este caso Bolívar Sánchez, designado por el Consejo Superior del Ministerio Público a propuesta del Procurador. Su mandato durará dos años y podrá serle renovado por un segundo y único período consecutivo.
A pesar de que esa Ley establece las funciones del departamento de Inspectoria, su director Bolívar Sánchez solicitó autorización de urgencia para la interceptación del teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, alegando que por la vía normal la autorización podía tardar 24 horas y “sería frustratorio ya que los malhechores podrían haber coordinado la acción criminal”.
La solicitud fue presentada a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, el 24 de noviembre de 2018, como parte del proceso de investigación que se hacía a un presunto narcotraficante. Empero, Sánchez dijo el pasado miércoles en rueda de prensa que solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico, y que al establecerse que uno de esos números correspondía a Germán Brito, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de la magistrada .
Sin embargo, para la fecha de la solicitud, el hombre, identificado como Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, ya estaba muerto.
El presunto narcotraficante, que había fingido su muerte y quien posteriormente se suicidó en noviembre de 2018, fue quien le construyó una villa a la magistrada Germán Brito, en la provincia San José de Ocoa.