Caso cerrado: las tierras de Bahía de las Águilas son del Estado

La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia dictó este viernes nueve sentencias sobre recursos de casación interpuestos en contra de la nulidad de certificados de títulos en Bahía de las Águilas, dispuesta por el Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional.

De las sentencias leídas esta mañana, unas rechazan los recursos de casación y otras las declaran inadmisible, con lo cual quedó confirmada la decisión del Tribunal Superior de Tierras que declaró la nulidad de los títulos emitidos a favor de particulares.

Uno de los recursos de casación fue interpuesto por el Ministerio Público en contra de una parte la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central.

El presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Herrera Calbucia, dijo que con las sentencias emitidas hoy completan los 53 expedientes sometidos sobre el caso Bahía de las Águilas hasta el 14 de diciembre.

Sostuvo que es la primera vez que en la historia de la justicia dominicana se dan 53 recursos de casación sobre una misma sentencia.

Los recursos fueron sometidos en contra de la sentencia número 20160662, dictada el 24 de febrero del año 2016, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, por no estar de acuerdo con varios puntos de la misma.

“En el día de hoy se cierra un ciclo sobre el caso inmobiliario más importante en la historia republicana”, resaltó el presidente de la Tercera Sala.

Los jueces de esa sala son Herrera Calbucia, Moisés Ferrer y Blas Fernández.

En la lectura de la sentencia estuvo presente en representación del Ministerio Público, el procurador Jean Alain Rodríguez.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez calificó como un trascendental avance en los procedimientos judiciales que llevan en materia inmobiliaria, quien dijo traerá grandes beneficios a la nación con el desarrollo del proyecto gubernamental que busca convertir esa zona en un activo polo turístico y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo económico a la zona sur del país.

“Esta es una decisión que valoramos y con ella nos acercamos mucho más a la meta de lograr la recuperación de todos los inmuebles que están de manera ilegal en poder de particulares, demostrando una vez más el interés y el compromiso que hemos asumido para recuperar ese patrimonio, que como hemos dicho en otras oportunidades, corresponde única y exclusivamente al Estado y al pueblo dominicano”, manifestó el magistrado Rodríguez.