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El Farol lunes, 14 de diciembre de 2020

Juventud, la "sal" de los Ministerios

Santo Domingo, RD.

La transición de Luis Abinader estuvo llena de expectativas. El entonces presidente electo anunció que eliminaría instituciones como la Oisoe y el CEA, lo que revivió un eterno debate (y esperanzas) sobre la eficacia de otras instituciones, entre ellas el Ministerio de la Juventud.

Pero el presidente desvaneció la posibilidad de eliminar ese ministerio cuando anunció el nombramiento de Kimberly Taveras Duarte, una mujer que había llamado la atención por ser electa alcalde del distrito municipal de Las Guayigas cuando solo tenía  22 años. (Ummn, interesante).

Abinader dijo que la nombraba para que con su experiencia y dinamismo transformara ese ministerio “en un órgano que articule verdaderas políticas públicas para el beneficio y desarrollo de nuestros jóvenes”.

Todo bien hasta ahí. Los problemas comienzan ahora.

Los ministros y funcionarios de cierta categoría están obligados por ley a presentar un informe sobre todo el dinero que tienen, y las propiedades con que cuentan. Esto tienen que hacerlo al asumir la posición y cuando salen de ella, de modo que se les puede investigar y saber qué tanto les varió (para saber si robaron o se beneficiaron del cargo).

Pues cuando Kimberly Taveras presentó su declaración de bienes dijo tener un patrimonio de 106 millones de pesos con 33 años. Otra vez… ¡106 millones de pesos con solo 33 años!

Emprendedora…

Ese dato sorprendió porque no se le conocía historia empresarial, más bien su imagen siempre se asoció a la dirigencia política con su historial de alcaldesa. Eso dio pie a investigaciones de Nuria Piera que mostró contratos con varias alcaldías del país para recolección de basura.

Lo que esa investigación puso en la palestra fue si realmente había ganado esos contratos por la calidad técnica de las empresas a su nombre o por ser dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Y también por ser la pareja sentimental de Jheyson García Castillo, un hombre que fue regidor del ayuntamiento de Boca Chica en el tiempo en que Kimberly ganó un contrato con esa institución.

Ese Jheyson también es hijo de Josefa Castillo, que fue diputada varias veces y a quien Luis Abinader nombró en la Superintendencia de Seguros. Aquí hay otro tira y jala interesante, porque doña Josefa, que renunció a su diputación para irse al gobierno, quería que su diputación se la dieran a su hijo, Jheyson, que ya había sido nombrado subdirector del Servicio Nacional de Salud.

En junio de 2017 una ciudadana canadiense acusó de violación sexual a un viceministro de la Juventud. El caso se mantuvo en silencio por todo un año y ante una denuncia de Nuria Piera le funcionario fue cancelado por Danilo Medina.

Ahora se encuentra en juicio de fondo.

En diciembre de 2016, fue apresado Charlie Rincón Beroa, otro viceministro de la Juventud, por varios miembros de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DINTEL) en el municipio Peralta de Azua.

El funcionario se encontraban supuestamente intentando sustraer petróleo de un yacimiento en compañía de un tanquero.

Rincón fue destituido del cargo y un año más tarde fue detenido nuevamente vinculado al robo de un furgón.

Puede que el mayor de los colmos de este ministerio llegara en febrero de 2018.

El presidente Danilo Medina nombró a Van Troy Suazo, un joven  oriundo de Baní como viceministro de la institución. Todo bien hasta ahí… el problema es que ese Van Troy no podía ir donde el presidente a juramentarse… ¡El hombre estaba preso! ¡Y por violencia contra la mujer!

Los medios de comunicación se dieron cuenta primero que el gobierno y el nombramiento solo le duró unas horas. Lo cancelaron. Cuando al presidente se le preguntó sobre tamaña insensatez dijo que sencillamente no sabía nada.

la directora del Ministerio en Montecristi, Delglin Mireya Espinal, fue acusada y enviada a prisión por supuestamente falsificar autorizaciones para el consumo de combustibles.

Se dictaron en su contra tres meses de prisión preventiva contra la acusada.

La mujer luego acusó al gobernador provincial, Marcelino Cordero, de abuso de poder y de haberla hecho abortar, razón por la que ya ella no podía tener hijos.