La marea alta de las estafas

Los escándalos de estafas inmobiliarias, financieras y de otra índole, se han hecho cada vez más recurrentes en esta sociedad del engaño.

Los impostores se reproducen como la verdolaga, ofreciendo fortunas imaginarias, bienes inmuebles, viajes, excursiones y arrendamientos de estancias turísticas.

Por medio de las redes sociales o por vía telefónica, los impostores perpetran una serie de audaces maniobras fraudulentas, en perjuicio de miles de personas.

A muchos los sorprenden en su buena fe, en la confianza que depositan sobre una operación que perciben legal e incuestionable, fuera de toda sospecha.

Esto ocurre más frecuentemente con las ofertas de apartamentos, vehículos, terrenos, gestiones de visas o de cobros de deudas.

Cuando se trata de depositar dinero a cambio de rápidas y mágicas plusvalías, las estafas consisten en ofrecer pagos de intereses jugosos o ganancias con operaciones de monedas virtuales.

Lo insólito es que existiendo normas destinadas a la supervisión de tales prácticas de libre comercio, por tratarse de una cuestión de orden público, los impostores operan por largo tiempo, impunemente, sin que las autoridades los frenen.

Las víctimas se cansan de recurrir a la justicia para procurar ser resarcidas tras las estafas, y no ven consecuencias penales, hasta que el escándalo adquiere proporciones mayúsculas.

Como ha ocurrido con el caso de las denuncias contra una empresa, cuyo cabecilla ya está en prisión preventiva, que vendió propiedades imaginarias a más de un centenar de personas.

En su mayoría, se trata de personas que han perdido sus ahorros o parte de sus patrimonios invirtiéndolos en unas propiedades de futuro que nunca pudieron adquirir.

Frente a la marea alta de este tipo de engaños, el gobierno anunció en octubre pasado que creaba una mesa técnica para enfrentar las estafas inmobiliarias.

Y creemos que ya ha llegado el momento de que esa mesa técnica tome acciones decisivas para enfrentar a estas mafias, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y aprobación de operaciones que deben estar mejor reguladas.