Un atropello inadmisible

Era de madrugada y, súbitamente, una especie de pesadilla alteró la vida de una madre y sus dos hijos, mientras dormían en su modesta casa en Santiago.

Y era que, en una especie de zafarrancho de combate de agentes antidrogas, la vivienda fue prácticamente asaltada para capturar a alguien buscado por la autoridad.

La operación fue brutal porque derribaron la puerta de la casa y penetraron en ella, sin que al final hallaran nada de lo que buscaban.

Tras el bochornoso operativo que causó un daño moral, psicológico y material contra esa familia, fiscal y tropas ocupantes admitieron que se habían equivocado de objetivo.

Pero esta no debe quedarse como una simple e irresponsable excusa porque, en sí mismo, se trató de un operativo burdo y consciente de que eso era lo que se imponía.

Este episodio ocurrió en La Ciénaga, Santiago, a la vista de las más encumbradas autoridades, sin que hasta el momento el ministerio público y la Dirección de Drogas se hayan disculpado.

Resulta inexplicable que la señora afectada –respaldada por toda su vecindad- acuda a la Fiscalía de Santiago para indagar quién pagará los daños en su casa, pero allí nadie da la cara.

¿Con qué autoridad pueden actuar los fiscales si son capaces de convencer a un juez para que autorice un allanamiento, llegan destruyendo propiedades y luego resulta que es un ‘falso positivo’?

Si este país quiere seguir siendo un territorio idóneo para atraer turistas e inversión extranjera, ese tipo de procederes –en nombre de la ley- no pueden tolerarse.

El silencio no puede tener la última palabra en este atropello contra una indefensa mujer que ahora reclama que la destrucción provocada en su casa, sea resarcida sin demora.

El ministerio público tiene la obligación de responder, sin ambigüedades, por este vil atropello y sancionar, conforme al derecho, a quienes lo motivaron y a sus ejecutores.