La dignidad nacional en alto

En dos momentos sumamente críticos para el destino de Haití, la República Dominicana supo poner de lado todas las formalidades diplomáticas y volcarse en auténticos actos de solidaridad hacia ese pueblo desventurado.

Uno fue en 1991, a raíz del embargo comercial que le impuso la Organización de Estados Americanos, condenando a Haití a una gravísima crisis de suministros de toda índole, como un castigo político contra la junta militar golpista.

El presidente de turno, Joaquín Balaguer, arriesgando su faja como gobernante y desafiando el mandato de las naciones latinoamericanas, permitió que subrepticiamente Haití recibiera, desde nuestro país, los insumos básicos para la subsistencia del pueblo.

La otra demostración fue en enero del 2010, cuando un furioso y devastador terremoto asoló ese país, y el nuestro levantó todas las restricciones migratorias para que los haitianos encontraran aquí techo, asistencia de salud y alimentos.

República Dominicana se echó encima, en los días subsiguientes, la tremenda carga de alimentar, abrigar y dar asistencia sanitaria a la población sufriente, sin pasarle factura.

Pese a esas elocuentes muestras de desprendimiento y de sacrificios, los haitianos no han sabido, o no han querido, reciprocar esos gestos. Han sido medularmente ingratos.

Se han alineado a grupos y organizaciones que activan campañas contra nuestro país, denunciándonos como racista o xenofóbico, con el fin de imponerle normas y leyes sobre migración y tratos a refugiados acomodadas a sus intereses.

Y ahora llegaron al colmo de violentar un tratado bilateral para intentar usufructuar, a la brava, las aguas del río Masacre, desoyendo las solicitudes dominicanas para que tal acceso se hiciese de común acuerdo, sin alteración del medio ambiente.

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La respuesta inmediata, sin medias tintas, del gobierno del presidente Luis Abinader fue la de darle un ultimátum para que detuvieran la obra, so pena de ordenar el cierre total de las fronteras de aire, mar y tierra con Haití, lo que acaba de ocurrir.

Con esta medida, el presidente Abinader ha defendido incuestionablemente la dignidad nacional, la soberanía y la seguridad del país, ante un gesto hostil e inamistoso de nuestros vecinos.

La sociedad dominicana, expuesta a graves peligros por la crisis de violencia e ingobernabilidad de Haití, debe cerrar filas en apoyo a estas medidas punitivas, no importa el costo político, económico o social que puedan tener, temporalmente, para el país.

A la República Dominicana hay que respetarla como nación libre y soberana que ha labrado su dignidad a golpe de sangre y fuego, luchando contra interventores extranjeros.

No es verdad que un grupo de incontrolables o bandoleros haitianos pueden ahora ponernos de mojiganga o de rodillas, olvidando las gloriosas y triunfantes gestas militares de nuestra historia, amenazando con represalias.

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