¡Que nadie se llame a engaño!

La soberanía y la seguridad nacional valen más que los US$1,000 millones que el país gana anualmente en sus exportaciones a Haití.

Jamás debemos permitir que un factor lucrativo, como es el que se deriva de este comercio, pueda anteponerse o condicionar las medidas de carácter estratégico que el gobierno implanta en la frontera, ante las amenazas que se derivan de la crisis haitiana.

Es muy serio el desafío que representa, para la tranquilidad, la seguridad y el orden nacional, la vecindad de un Estado fallido, sin instituciones fiables, con un gobierno de facto y arropado en una feroz y sangrienta lucha de bandas armadas.

Más allá de ese comercio lícito ha surgido otro en paralelo: el que pavimenta las bases de un paraíso mafioso donde el tráfico ilegal de inmigrantes, drogas, armas y todo tipo de mercancías, crece sin control.

La existencia de ambos estados de cosas, justamente, es la que ha ido corroyendo y debilitando los soportes de la soberanía nacional a un nivel sobrecogedor, como lo estamos comprobando día a día.

No podemos sacrificar el legítimo e innegociable derecho que nos asiste de asegurar la existencia de un país soberano, ahora que está sometido a las hostilidades del odio haitiano y a las descaradas presiones de países que intentan manipular nuestras potestades nacionales.

El ejercicio y la autoridad para imponer y hacer cumplir leyes sobre la migración, el territorio, los recursos y las obligaciones ciudadanas, está por encima del lucro de comerciantes o traficantes, lícitos o ilícitos, cualquiera que sea el caso.

Cuidar la frontera para que no siga siendo un territorio vulnerable es obligación suprema de las autoridades y del pueblo mismo.

En estos momentos, es un asunto de vida o muerte para nuestra soberanía.

El conflicto sobre la construcción no regulada de un canal derivador del rio Masacre es un hecho circunstancial, aislado, si se quiere.

Parece obedecer a una estratagema de provocación para desviar la atención hacia el problema de fondo, que es la existencia de un país devastado por la violencia y el hambre.

Detener su construcción, solo para esquivar las repercusiones de sanciones dominicanas más fuertes en la frontera, no aminorará las amenazas latentes a la seguridad y soberanía de nuestro país.

¡Que nadie se llame a engaño!.