El censo de los bienes del Estado

En 1946, la entonces Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público hizo el más exhaustivo inventario de los bienes inmuebles que pertenecían al patrimonio del Estado en esos momentos.

Debieron pasar 77 años para que, de nuevo, se ponga en marcha otro esfuerzo semejante, con el inicio el día 21 de la primera fase del censo inmobiliario a cargo de la Dirección General de Bienes Nacionales.

En aquella oportunidad, los funcionarios y empleados de los distintos departamentos de la administración pública fueron requeridos para que ofrecieran toda la información sobre bienes y derechos del Estado.

Existían juntas supervisoras de esos bienes en todas las provincias y comunas del país, lo que facilitaba una mejor puesta al día de ese inventario.

No hay mejor base para luchar contra una de las aristas de la corrupción administrativa que disponer, a plenitud, de ese inventario de bienes y de los procesos que se han llevado a cabo para adquirirlos, venderlos, permutarlos o depreciarlos.

Cuando el Estado desconoce lo que tiene, es vulnerable a que funcionarios avivatos dispongan de ellos sin ninguna fiscalización ni consecuencias.

Hay todo un prontuario de denuncias sobre concesiones y operaciones de venta o traspaso de bienes, lo que constituye un sangrado silente del patrimonio nacional, del que se benefician los que saben que no existe actualmente un inventario confiable.

De ahí que la decisión del presidente Luis Abinader de ordenar una actualización de ese patrimonio permitirá descubrir, si se lleva a cabo con honestidad y sin maniqueísmos, cuál ha sido el destino de esos bienes y quienes, ilegalmente, los usurparon a su favor.

En 1946, el censo funcionó porque fue el propio dictador Trujillo quien lo dispuso y ahora se justifica más porque, en aquel tiempo, no era fácil que funcionarios del gobierno se atrevieran a “meter la mano” para apropiarse y hacer riquezas con ellos.