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A vistas públicas

Es correcta y muy oportuna la decisión del presidente del Senado, Eduardo Estrella, de enviar a vistas públicas el controvertido proyecto de ley para la acogida de inmigrantes ilegales víctimas de trata y tráfico humano.

El espacio de las vistas públicas es el más apropiado para promover un debate más amplio, de fondo, con todos los sectores representativos de la sociedad, en aras de un consenso.

Si bien el proyecto se sustenta en principios universales que tipifican los delitos de trata y tráfico, no es menos cierto que la pieza que discute una comisión del Senado tiene elementos que constituyen una carga explosiva contra la soberanía nacional.

Ya el Listín Diario ha hecho observaciones puntuales sobre los riesgos que subyacen en algunos artículos que, más allá de su inspiración humanitaria, crearían unos compromisos y responsabilidades al Estado dominicano, difíciles de cumplir.

La idea de someterlo a vistas públicas, vale decir, al espacio democrático para un libre y público debate, permitirá despojar al proyecto de estos elementos lesivos a los derechos soberanos del país.

También servirá para configurar una legislación actualizada frente a la magnitud del fenómeno delictivo que se piensa combatir y castigar, comenzando por las mafias de coyotes y militares que lo auspician en la frontera.

El trato a toda persona en calidad de refugiados o de inmigrantes legales deberá ajustarse a lo que establece la Constitución y las leyes migratorias, no a los maniqueísmos de una comunidad internacional que quiere echarnos el muerto de la crisis haitiana bajo estos ropajes legales.

Este país no puede darse el lujo de aprobar una legislación que, si bien se sustenta en los más puros principios de la protección de los derechos humanos, fácilmente abre las puertas a la creación de campos de refugiados financiados con los dineros del mismo pueblo.

Las vistas públicas constituyen una oportuna respuesta a las legítimas inquietudes de la sociedad sobre los alcances de ese proyecto.

Después de ellas, será responsabilidad del Congreso votar una ley que satisfaga el interés nacional, por encima de cualquier obligación o imposición externa que pueda debilitar la integridad y la seguridad nacional.

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