Tamaña “tramparencia”
Treinta países de América Latina cuentan con leyes de acceso a la información pública, una de las herramientas más relevantes destinadas a fortalecer la transparencia en los actos de las instituciones estatales.
Sin embargo, pese a este extendido umbral de apertura, no todos los gobiernos y demás poderes públicos cumplen cabalmente con los mandatos de esa legislación que, en algunos países, la tipifican expresamente como leyes de transparencia.
El espíritu que las guía, plasmado en las normas establecidas en la primera ley de esta naturaleza aprobada en Estados Unidos en 1966, es el de permitir que los ciudadanos accedan a informaciones de interés, salvo aquellas que comprometan la seguridad nacional, de los actos de las instituciones del Estado. El acceso debe ser sin cortapisas ni “trampas”, es decir, sin soslayar caprichosamente las solicitudes ni retrasar o dosificar las informaciones solicitadas.
Lamentablemente, el poder político dominicano es reluctante a este mandato constitucional y legal.
Juega a escabullirse a la hora en que ciudadanos o medios de comunicación recurren a ese instrumento para obtener informaciones que, a menudo, están cubiertas por intencionales o convencionales opacidades.
LISTÍN DIARIO ha sufrido directamente los efectos de esta “tramparencia” en múltiples ocasiones en que se ha valido de ella para acceder a informaciones de interés público sin poderlas recibir de modo expedito y sin escamoteos de datos.
El Congreso Nacional, cuna de esa ley, ha fallado flagrantemente en el compromiso de hacerle honor a lo que aprobó en 2004, del mismo modo en que lo han hecho otras instituciones públicas en los últimos años.
Permitir que esta conducta siga entronizada en muchas esferas del Estado, sobre todo en aquellas instituciones comprometidas en el manejo de gruesas porciones del presupuesto nacional, equivale a levantar cortinas de secretismo para esquivar la rendición de cuentas o la verdadera transparencia en el manejo de esos recursos.
El organismo rector de esta ley debe ser más responsable para hacer cumplir sus disposiciones, a fin de que el derecho al acceso a las informaciones públicas no se vea entorpecido ni oscurecido por funcionarios maniobreros que tratan de tapar o maniquear la verdad, perjudicando una de las grandes conquistas de la sociedad dominicana.