Una decisión prudente
El gobierno ha desistido de promover una reforma fiscal, calibrando así el sostenido y creciente rechazo de la población a nuevos impuestos en un escenario de alzas y escasez de bienes de consumo.
El presidente Luis Abinader reconoció anoche que en un contexto de aumentos exponenciales de precios en combustibles, materias primas y productos, a causa de una inflación importada, no resulta procedente subir las cargas tributarias.
En cambio, ha decidido apostar por un gasto público de calidad, es decir, concentrado en programas que promuevan el bienestar humano mediante la estimulación del empleo y las actividades productivas.
Al margen de ecuaciones económicas, hay una realidad social matizada por los inesperados traumas de la pandemia del Covid que han trastornado el modelo de vida, de trabajo, de educación y de atención a la salud.
En tal caso, el objetivo de un gobierno debe ser el de dar prioridad a las nuevas necesidades, otorgar subsidios de emergencia a favor de las clases más castigadas por la inflación y austerizar algunos renglones de gastos corrientes.
El hecho de que la reforma fiscal no se abra camino en estos tiempos no significa que deja de ser un objetivo de crucial importancia para la sostenibilidad del crecimiento de la economía.
Ella puede ser, en el futuro no de tan largo plazo, una fuente de recursos para emprender grandes y necesarias obras de infraestructura y devolver a la ciudadanía, en mejores servicios y en compensaciones sociales, el sacrificio que implica una mayor presión tributaria sobre sus bolsillos.