No es a una guerra que vamos

Si bien las elecciones del domingo repre­sentan un desafío a la capacidad de los partidos políticos para retener o ganar los gobiernos municipales, esa contienda no debería asumirse como una guerra a muerte entre los competidores.

Los anuncios hechos por algunos partidos de que desplegarán grupos para “defender el voto” en las urnas parecen ser el resultado de los temo­res de que, como en anteriores casos, aparezcan quienes pretendan sobornar electores o inciden­tar el proceso.

Estos tempranos planes de zafarrancho obligaron a las Fuerzas Armadas a disponer la movilización de 64,000 uniformados, 22,000 más que en las eleccio­nes anteriores, para garantizar el orden y la tranquili­dad el día de los comicios.

Ya se han producido, sin embargo, algunos desór­denes durante caravanas o actos proselitistas en mu­nicipios del Gran Santo Domingo y otras provincias, reflejo de la pasión que contagia a los seguidores de los candidatos o de la animosidad con que se enfren­tan antiguos compañeros.

Como se trata de unos comicios muy visibilizados y disputados por la cantidad de aspirantes a alcaldes y regidores y por el dinero invertido y apostado para ganar, la lucha ha sido intensa, matizada por ataques y burlas y por una abierta distribución de recursos pú­blicos y de amenazas veladas o tácitas a los que no vo­ten por candidatos específicos.

Nadie quiere perder. Nadie piensa perder.

Previendo que la confrontación pueda salirse de los marcos razonables del orden y el respeto a la volun­tad popular, el presidente de la Junta Central Electo­ral (JCE) hizo ayer un llamado a los partidos y sus mi­litantes para que no incurran en coacciones del voto.

En realidad no es a una guerra que vamos. Pero pa­ra que las condiciones de normalidad y seguridad en el voto prevalezcan y no den lugar a desafueros, dis­gustos o trampas, la JCE debe ejercer toda su autori­dad para prevenir o, en todo caso castigar, la comisión de delitos electorales.

La paz social y la fortaleza del sistema democráti­co no pueden ser alteradas por bandas de facciosos que se inmiscuyan en los espacios de votación pe­ro tampoco por maniobras o artimañas que, a base de presiones, dinero o amenazas, desnaturalicen la esencia de la voluntad popular, materia prima vital del régimen de libertad y pluralidad en que todos queremos vivir.